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Los méritos de Armengol para presidir el Congreso: de las menores prostituidas a las copas en plena pandemia

El PSOE propone a la expresidenta de Baleares -conocida catalanista- en un claro guiño a los independentistas a los que Sánchez necesita para gobernar

El PSOE propone a la expresidenta de Baleares -conocida catalanista- en un claro guiño a los independentistas a los que Sánchez necesita para gobernar
La diputada y expresidenta balear Francina Armengol | EFE

En plena cuenta atrás para la constitución de las Cortes, el PSOE anunciaba este martes su intención de proponer a la balear Francina Armengol (Inca, 1971) como presidenta del Congreso. Declarada catalanista, su candidatura está llamada a contentar a los independentistas en un momento en el que Pedro Sánchez les necesita más que nunca. No en vano, lleva dos legislaturas haciendo méritos: no sólo ha gobernado con los nacionalistas de Més per Mallorca, sino que llegó a entregar a esta formación vinculada a ERC algo tan sensible como la política lingüística de las islas.

En su currículum destaca su cercanía a Pedro Sánchez y una maleta cargada de polémicas. Afiliada al partido desde los años 90, Armengol fue la única que apoyó al hoy líder del PSOE en 2016 cuando los barones se conjuraron para desalojarle de la Secretaría General. A lo largo de sus dos legislaturas como presidenta de Baleares, ha protagonizado escándalos de todo tipo: de eliminar el carácter vehicular del español en las aulas, a ser pillada de copas en plena pandemia, pasando por el caso de las menores tuteladas prostituidas o el conocido como caso Puertos, una trama de corrupción en la adjudicación de negocios náuticos.

Su trayectoria política

En 1998 se estrenó en la política municipal, convirtiéndose en concejal de Inca, su lugar natal. Sin embargo, apenas un año después, daría el salto al parlamento de Baleares. Ya siendo diputada autonómica, Armengol fue nombrada consejera del Consejo Insular de Mallorca. Durante el Gobierno del popular José Ramón Bauzá, se mantuvo como portavoz del principal partido de la oposición y fue nombrada secretaria general del PSIB-PSOE.

En 2015, a pesar de no ser la fuerza más votada, la socialista consiguió ser investida presidenta de Baleares gracias a los votos de Podemos y Més per Mallorca, a los que, durante las dos legislaturas que se ha mantenido en el poder, ha realizado numerosas cesiones en materia de vivienda, educativa y, sobre todo, en lo relativo a la política lingüística.

De escándalo en escándalo

Hasta que el pasado 28 de mayo el PP consiguió desalojarla de la presidencia de Baleares, Armengol ha protagonizado numerosos titulares en la prensa nacional. En 2014, coincidiendo con la abdicación de Juan Carlos I, la socialista defendió abiertamente la celebración de un referéndum vinculante para acabar con la Monarquía.

En 2020, en la peor época de la pandemia del coronavirus, fue pillada de fiesta a altas horas de la madrugada en un bar de copas de Mallorca cuando todavía estaba en vigor la obligación de cerrar el ocio nocturno. El dueño del local alegó ante la Policía que no pudo cerrar a su hora "porque dentro había una autoridad", en referencia a la presidenta autonómica. Armengol pidió disculpas a su manera: "Siento muchísimo y entiendo que haya muchas personas desconcertadas por la situación generada alrededor de mi persona en los últimos días". Pero de dimitir, nada de nada.

Menores tuteladas prostituidas

Sin embargo, el capítulo más escabroso de su gestión es, sin lugar a duda, la ocultación por parte de su Gobierno del caso de las menores tuteladas prostituidas. Tal y como constató la Policía Judicial, "a lo largo de 2019", educadores de los centros dejaron constancia de que algunas chicas aprovechaban sus salidas o fugas para prestar servicios sexuales a cambio de dinero. A pesar de la gravedad del asunto, el equipo de Francina Armengol no lo reconoció públicamente hasta que, un año después, la violación en grupo de una menor saltó a la prensa.

Tras el escándalo, las autoridades de las islas admitieron tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil en Palma. Después, se conocerían más. Tanto la UE como la Justicia han acreditado que hubo fallos de control por parte de la Administración autonómica y el asunto ha copado buena parte del debate político en las islas en los últimos años. Sin embargo, el PSOE se ha negado a crear una comisión de investigación al respecto.

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