Sociedad Civil Catalana (SCC) ha emitido un comunicado en el que alerta de que la negociación entre los separatistas y el PSOE y Sumar para lograr la investidura de Pedro Sánchez podría tener como consecuencia la apertura de un "proceso constituyente ajeno a la voluntad mayoritaria del pueblo español, sobre quien recae la soberanía nacional".
La advertencia se produce un día después de la intervención del expresidente de la Generalidad prófugo en Bélgica, Carles Puigdemont, quien fijó las condiciones de Junts per Catalunya (JxCat) para apoyar al líder socialista. Y entre estas condiciones constan una amnistía inmediata, previa incluso a la eventual sesión de investidura de Pedro Sánchez, el reconocimiento de Cataluña como nación, un mediador/verificador que certifique el cumplimiento de los acuerdos y a medio plazo un referéndum de autodeterminación. En suma, un acuerdo "histórico", según el término utilizado por Puigdemont cuyas consecuencias serían nefastas a juicio de SCC.
La organización constitucionalista presidida en la actualidad por Elda Mata recuerda en su comunicado los sucesos de la cámara catalana de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los grupos separatistas cambiaron el reglamento del Parlament para facilitar un trámite urgente de lectura única a fin de aprobar las que se conocieron como leyes de desconexión, una ley del referéndum que se celebraría el 1-O y una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república que dejaba sin efecto la separación de poderes, concedía inmunidad absoluta al presidente de la Generalidad y a los miembros de su Govern y dinamitaba los pilares del sistema democrático y del Estado de derecho.
También se anota que "para alumbrar su nuevo estado, de tintes claramente autoritarios, los separatistas silenciaron la voz de los partidos leales al marco constitucional y retorcieron los reglamentos en un intento de sortear los principios rectores del parlamentarismo democrático. A través de una argucia formal, una cámara autonómica sacaba adelante una ley para impulsar unilateralmente un referéndum ilegal.
Tras rememorar esos hechos, SCC apunta que "a la vista de los acontecimientos que marcan la actualidad política en España, es necesario reflexionar sobre la trascendencia de aquellos actos delictivos de inusual gravedad y sobre la firme respuesta unitaria del constitucionalismo que aplastó entonces el desafío".
El texto de la entidad recuerda que en aquellos días "fueron los partidos de la oposición en el parlamento autonómico quienes defendieron la Ley, el Estado de derecho y la convivencia social de la agresión de las propias instituciones autonómicas. Todas las fuerzas constitucionalistas, conscientes de la dimensión del ataque contra el ordenamiento jurídico, aparcaron sus legítimos intereses partidistas y alzaron la voz, unidos, en defensa de la Ley, la Justicia, la Libertad y la Igualdad. Sociedad Civil Catalana impulsó y organizó la histórica manifestación del 8 de octubre, que sacó a las calles de Barcelona a más de un millón de ciudadanos leales al marco constitucional y a las instituciones españolas".
"Constitucionalismo secuestrado"
En una alusión directa a la intención del PSOE y Sumar de negociar con Puigdemont una ley de amnistía como paso previo a la investidura, SCC destaca que "hoy, como hace seis años, el futuro de España se juega en el tablero catalán. La gran diferencia es que, en esta ocasión, el constitucionalismo, secuestrado por estrategias cortoplacistas, no parece capaz de ponerse de acuerdo para impedir un despropósito absoluto: que quienes huyeron de la Justicia o fueron condenados por sedición y malversación decidan sobre la gobernabilidad de España e impongan sus condiciones para negociar la investidura del presidente del Gobierno de España".
"El separatismo -continúa el comunicado- no puede conseguir hoy por la puerta de atrás lo que no consiguió en 2017: abrir un proceso constituyente ajeno a la voluntad mayoritaria del pueblo español, sobre quien recae la soberanía nacional". "La ley de amnistía exigida por el prófugo Carles Puigdemont es incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Tampoco se puede negociar un referéndum que no tiene encaje jurídico en nuestra Constitución. Son líneas rojas insalvables", concluye el comunicado.