El pasado 25 de enero, el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, procesó a 45 agentes de la policía del operativo del 1-O. El juez alegaba que su actuación "no fue proporcional". Son víctimas de una paradoja: están a la espera de juicio, mientras el Gobierno negocia su investidura con los golpistas que alentaron las protestas violentas en las que ellos se jugaron su integridad física durante dos meses.
Uno de esos agentes ha recordado en Es la Mañana de Federico, el ambiente que vivieron esos días: "Fue de una presión y de una violencia ambiental extrema. Esto no lo hemos vivido ni en País Vasco, ni en Navarra, ni en ninguna de las 11 bases que la U.I.P. tiene repartidas por todo el país y que desembarcamos en Cataluña un 20 de septiembre"
Y lo hicieron en el famoso Piolín. Un crucero vacacional que eligió el Gobierno para alojar a los agentes y evitar así la imagen bélica que podría proyectar un buque de la armada en el Puerto de Barcelona. Una decisión que ridiculizó a Policía y Guardia Civil ante la opinión pública en uno de los momentos de más tensión a nivel nacional.
"Pensábamos que el Piolín era una broma"
"Hasta que no entramos y vimos los camarotes pensábamos que era una broma, una cámara oculta", reconoce este agente. Lo peor no era tener que caminar entre piscinas de bolas, toboganes, Piolín o el gato Silvestre. "Teníamos camastros de 80 cm de ancho cuando la gente de la U.I.P. suele ser de 1,90m o 2 metros, muy deportistas, muy grandes". Incluso la comida, recuerda, "era malísima. No empezó a mejorar algo hasta que hicimos unas protestas muy fuertes".
Por la noche, agradecían estar aislados del asedio que otros compañeros, alojados en hoteles, sí tenían que sufrir. Pero, por el día, los traslados al centro de Barcelona, eran un infierno: "Recibimos instrucciones de no parar en los semáforos porque no se podía: Nos tiraban piedras, nos escupían …"
El día del referéndum ilegal
Debían cubrir más de 2.200 colegios electorales pero el dispositivo preparado sólo alcanzó a llegar a 29 de esos centros. Además, tenían la orden de no intervenir. "La imagen que se dio de violencia y desproporción como dice el juez instructor fue todo lo contrario: nos limitamos a cumplir las órdenes del TSJC donde se nos mandaba entrar en el colegio, coger las urnas y depositarlas en sede judicial".
El objetivo era que no se repitiera la imagen que se había producido apenas una semana antes en la Consejería de Economía donde los Guaridas Civiles estuvieron 20 horas retenidos y la secretaria judicial tuvo que salir por la azotea.
Mientras tanto, en las calles, golpistas hoy ya indultados, como Jordi Cuixart animaban a las masas a "desenmascarar a los policías, los enemigos del pueblo". Y lo hicieron. 4.000 personas llegaron a asediar a 40 agentes que consiguieron intervenir sin dejar heridos de consideración "más allá de luxaciones, agarres, algún golpe con la defensa necesario y pelotas de goma que tuvimos que emplear en colegios como el Ramón Llul porque se los comían, era imposible".
La coreografía, como recuerda este agente, estaba muy bien organizada: "En primera línea abuelos y niños y, después, los CDR. Ellos tenían muy claro cómo resistir en la entrada para dilatar nuestro trabajo y que pudiéramos llegar a cuantos menos colegios, mejor. Una vez que ya habíamos vencido esa resistencia hacían otra mayor para no dejarnos salir".
"Yo no quiero ser amnistiado"
Desde entonces, 45 agentes llevan seis años viviendo "un auténtico calvario judicial" cuyo único criterio fue el uso de la defensa reglamentaria autorizado por los mandos del operativo. "Se han instruido causas mucho más complejas de rebelión o sedición, como la de Trapero en tiempo récord y encima se han ido de rositas. Mientras, nosotros seguimos".
Sin embargo, los agentes no quieren medidas de gracia: "Yo no quiero ser amnistiado. Yo quiero ir a juicio y defenderme. Explicar por qué actué ateniéndome a los protocolos de la Dirección General de la Policía y nada más. Yo no quiero que se me amnistíe y quedar como culpable".
Lo que sí lamentan es la soledad: "Está claro que el Ministerio del Interior al formar parte de este Gobierno no va a dar ninguna declaración oficial en contra de esta amnistía".
"Tengo que pedir autorización para hablar"
Sin embargo, tampoco se permite a los agentes pronunciarse. De hecho, para el reportaje emitido en Es la Mañana de Federico, por seguridad, su voz tuvo que ser distorsionada. "No puedo expresar mi opinión libremente. Tengo que pedir una autorización para hablar y si mi visión no gusta o no es la oficial, me la prohibirían".
Fueron dos meses de operativo, lejos de sus familias y años sufriendo unas consecuencias ante las que "nadie, aparte de los sindicatos del cuerpo, se ha interesado en prestar ayuda jurídica o psicológica". Y eso, se traduce en cifras: hace tres años había 1.200 agentes antidisturbios, hoy más de 900 se han marchado de esta unidad.