Uno de los puntos puestos por el gobierno de la Generalidad (ERC) en la mesa de negociación para investir a Pedro Sánchez es el traspaso íntegro del servicio de cercanías de Renfe, que en Cataluña es conocido como Rodalies. Las numerosas incidencias en el servicio ferroviario son utilizadas por los partidos separatistas como una demostración de la ineficacia del Estado a pesar de que la Generalidad es corresponsable, pues desde 2010 –en tiempos del tripartito presidido por el socialista José Montilla– tiene las competencias de "gestión, regulación, planificación, coordinación e inspección de servicios y actividades y la potestad tarifaria sobre el servicio".
Sin embargo, esas competencias no obstan para que los partidos independentistas hayan hecho de Rodalies un símbolo de los supuestos maltratos del Estado a la población de Cataluña, mientras la Generalidad y los medios de comunicación afectos al independentismo tratan de ocultar la responsabilidad "catalana" en el fiasco de los trenes y la incompetencia de la administración autonómica.
A ello hay que sumar, además, la morosidad de la Generalidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al gobierno catalán a pagar 80.926.248,14 euros más los intereses de demora a Renfe, un dinero correspondiente a los cánones que la operadora abona a Adif –titular de la infraestructura– y que deben ser asumidos por la administración autonómica en tanto que responsable de la gestión, regulación, planificación y tarifas del servicio de cercanías.
Desde 2010 a 2017 no hubo problemas entre Renfe y la Generalidad, que aportaba lo acordado mientras exigía a la compañía ferroviaria la ampliación de las Rodalies de Barcelona a las provincias de Gerona y Tarragona. En 2017 y ante el aumento de servicios, Adif subió el precio del canon, pero el entonces presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, embarcado en el golpe de Estado dio orden de dejar de pagar el canon. Los sucesores de Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, mantuvieron la negativa de la Generalidad a pagar aduciendo que era el Estado quien se debía hacer cargo de la factura, extremo negado por el TSJC. La Generalidad puede interponer recurso mientras exige a Sánchez el traspaso completo de Renfe en Cataluña, lo que le libraría de tener que pagar los más de ochenta millones que le debe a la compañía.