Partido Socialista y Junts celebrarán este sábado en Ginebra (Suiza) su primera reunión para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de investidura bajo un total secretismo. Según dicho pacto, tanto este encuentro como los siguientes se celebrarán bajo la atenta mirada de un verificador internacional, un hecho inédito en la democracia española. "Es un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de los partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional", se justificaba este jueves en TVE el presidente del Gobierno.
A falta de 24 horas para que se produzca este encuentro, la identidad de dicho verificador sigue sin confirmarse oficialmente, aunque El Español asegura que se trata del Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, la fundación con sede en Ginebra que anunció la disolución de la banda terrorista ETA y que, tal y como presume en su propia página web, está especializada en la mediación para la "resolución de conflictos". De hecho, la investigación abierta en la Audiencia Nacional en torno a Tsunami Democràtic ha destapado los contactos que Marta Rovira y Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Bélgica, habrían mantenido con dicha fundación en los últimos años.
La estrecha relación de la Henry Dunant con José Luis Rodríguez Zapatero y con el también socialista Javier Solana (presidente de honor) no viene sino a apuntalar dicha elección. Sin embargo, el secretismo que gira en torno a la mesa de diálogo hace pensar que, al margen del papel que pueda jugar esta fundación —y que lleva días dándose por hecho—, PSOE y Junts puedan contar con otro verificador internacional de mayor peso. Por ahora, sólo las partes implicadas saben quién se sentará en la mesa, pero la hemeroteca deja claro a quién elegirían los independentistas: nada más y nada menos que al Vaticano.
Una carta y una insólita propuesta
El año pasado, durante el juicio contra el excardenal Angelo Becciu por las supuestas irregularidades financieras halladas en la Secretaría de Estado del Vaticano, salió a la luz una carta en la que se revelaba que el propio Puigdemont habría tratado de lograr la mediación de la Santa Sede en fechas próximas al referéndum del 1 de octubre de 2017. La misiva en cuestión estaba firmada por la exasesora del cardenal Cecilia Marogna y en ella se señalaba que el empresario romano Piergiorgio Bassi —socio de una empresa de inteligencia y seguridad con sede en Suiza— le había transmitido la intención del entonces presidente de Cataluña de mantener una reunión con Becciu.
Según declaró la propia Marogna en el juicio, el entonces cardenal le dijo que "estaba disponible para escuchar lo que ocurría en España y si había márgenes para la intervención diplomática del Vaticano". Sin embargo, todo se truncó por la "extraña" condición exigida por el empresario, tras comunicarle que "Puigdemont no podía viajar en ese momento" y que la solución pasaba por programar "una videollamada por Skype".
"Bassi pidió que la videollamada por Skype tuviera lugar exclusivamente en el piso privado del cardenal Becciu bajo la supervisión y por mediación de uno de sus colaboradores más cercanos, que acudiría al lugar con un ordenador para utilizar una cuenta de Skype específica". La exasesora —una experta en seguridad y relaciones internacionales a la que el eclesiástico recurría para operaciones reservadas— aseguró entonces que la propuesta le resultó "insólita e ilógica" y, por tanto, sospechosa.
"Tanto Becciu como yo opinamos que algo no estaba del todo claro y le pedí a Becciu que declinara la supuesta petición de Bassi, diciendo que, tal vez, dada la gravedad política de la situación española, hubiera sido mejor que el presidente Puigdemont enviara una petición oficial a la Secretaría de Estado para solicitar un contacto diplomático entre las instituciones pertinentes, para evitar cualquier instrumentalización y un incidente diplomático", se justificó durante el juicio.
El cardenal Omella
Aquel no sería, sin embargo, el único movimiento que vendría a demostrar la voluntad de los independentistas de involucrar a la cúpula eclesiástica en cualquier intento de negociación con el Gobierno central. Hace tan solo un mes, Vozpópuli se hizo eco del supuesto interés de Puigdemont por situar al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, como relator de las negociaciones con el Gobierno, algo que no sería de extrañar si tenemos en cuenta sus glosas dominicales a favor de los indultos y del diálogo con los golpistas.
Sea como fuere, no es la primera vez que su nombre se pone sobre la mesa. En 2017, se supo que había asesorado a Oriol Junqueras, declarado católico devoto y practicante, y que, de hecho, el 20 de septiembre de 2017, el día de las violentas protestas ante el Departamento de Economía, Junqueras llegó a la Consejería después de una reunión con Omella. "Hice lo que pude para mediar entre Puigdemont y Rajoy ", dijo el arzobispo tiempo después en Catalunya Radio, confirmando así que él mismo se había ofrecido para arbitrar una hipotética negociación. Tal ofrecimiento habría provocado un profundo malestar en el Gobierno del PP, que incluso llegó a citar a Omella en la Moncloa.
El encuentro se produjo, además, después de que unos 300 religiosos catalanes hubieran hecho público un escrito en el que defendían que votar el 1-O era algo "legítimo y necesario" y después de que circulasen las imágenes de un recuento de votos en una iglesia de Vilarodona (Tarragona). La Conferencia Episcopal, por su parte, se limitó a contrarrestar tales noticias con un comunicado en el que llamaban a respetar la Constitución, pero apelando a un diálogo "generoso" con los golpistas.