El Gobierno ha rechazado la oferta del PP de renovar el CGPJ con la ley vigente si, a cambio, se aprueba "de manera simultánea" una reforma de su sistema de elección para despolitizarlo. "Primero, renovación y después se podrá dialogar", ha asegurado la portavoz, Pilar Alegría.
Es decir, el Gobierno quiere que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se avenga a repartirse los vocales del CGPJ, cuyo mandato caducó hace 5 años, y luego, como mucho, habría un "diálogo" pero sin visos de salir adelante ya que los socios del Gobierno están en contra y el PSOE no parece muy favorable de volver a la ley anterior a 1985 que reducía el poder de los políticos sobre el órgano judicial.
"Se podrá dialogar pero, primero, hay que cumplir ese mandato", ha recalcado Alegría quien ha anticipado que "próximamente" habrá "una llamada" de Sánchez a Feijóo deseando que "el PP reflexione y haga una lectura correcta" . No parece que la mano tendida a la oposición vaya más allá de una mera conversación telefónica ya que la portavoz del Ejecutivo ha acusado a los populares de "trasladar su frustración" ante las instituciones europeas.
Tampoco Moncloa parece muy interesada en tender puentes con la magistratura. Cada vez suben con más intensidad las críticas a las sentencias de los jueces contra el Ejecutivo como, por ejemplo, la del Tribunal Supremo de anular la designación de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. "Tampoco es un ejemplo de la separación de poderes", ha terciado Alegría criticando que "por primera vez en la historia" la justicia haya "invalidado un nombramiento realizado por el Gobierno".
Lo que sí van defendiendo con más contundencia son las comisiones parlamentarias sobre el llamado lawfare que solicitan los socios para investigar a los jueces. Pilar Alegría ha defendido que "el objetivo" es "esclarecer hechos y nunca interferir en ningún proceso", pero en el Ejecutivo dejan claro que las conclusiones de las Comisiones servirán a la Fiscalía que podría actuar si lo considera necesario.
Humillando a Irene Montero
El Gobierno busca pasar página de la amnistía y ha aprobado su primera norma aunque no es nueva. Se trata de la luz verde en segunda vuelta de la ley de paridad al 40% en las listas electorales, órganos constitucionales y direcciones de empresas.
De su redacción se excluyó al ministerio de Igualdad de Irene Montero para traspasárselo al ministerio de Presidencia de Félix Bolaños. La encargada de presentarlo en público , tras el Consejo de Ministros que la remitió a los órganos consultivos, fue la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Ahora, el Gobierno ha rescatado la norma, cuya tramitación decayó durante unos meses por el adelanto electoral, y ha encargado a la flamante ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sea la que tenga el honor de comunicar los detalles de la ley.
"Con las nuevas competencias del Gobierno, el ministerio de Presidencia asume también las competencias de justicia y que la competencia de esta ley recaiga ahora en Igualdad", ha defendido Pilar Alegría tras esta humillación a Irene Montero tras no contar con ella al frente de Igualdad.
Más surrealistas han sido las explicaciones del Gobierno para justificar la ratificación del presidente del CIS, José Félix Tezanos, al frente de la institución que se encarga de hacer los sondeos públicos. Alegría ha asegurado que es "lógico" mantener a "aquel sociólogo que acierta en las encuestas".