Una de las características de Pedro Sánchez al frente del Gobierno es que las "líneas rojas" siempre pueden ser flexibles. Lo que un día es algo infranqueable, puede ser modificado y aceptado a la semana siguiente. Pasó con los indultos, con la sedición, la amnistía y ahora con el concepto de terrorismo. Los socialistas repetían que "los delitos graves" como el terrorismo debían "estar exceptuados de la amnistía"
El nuevo articulado de la ley de amnistía restringe este concepto al vincularlo con "violaciones graves de derechos humanos". Esto permite que se incluya dentro de la ley de amnistía todo lo relativo a terrorismo callejero, como fueron los actos de los CDR o de Tsunami Democrático. Pese a todo, en el PSOE defienden esta cesión porque "los casos más graves de terrorismo no se amnistían".
Un concepto restrictivo para marcarle el camino
En el Gobierno reconocen que lo que hacen es "limitarlo" y que ahora la pelota esté en mano de los jueces, que serán los que tendrán que determinar qué hacer en cada caso. En especial, el magistrado, Manuel García Castellón, que ve indicios de delito en las acciones de Tsunami Democrático y que sitúa a los prófugos Carles Puigdemont y Marta Rovira como urdidores de la sombra de las acciones callejeras que asolaron Cataluña tras las sentencias a los dirigentes del procés.
Ahora, el juez será el que, condicionado por la ley de amnistía, tenga que verse obligado a modificar toda la investigación tras una enmienda transaccional hecha a la medida de Tsunami y los CDR.
En Moncloa tratan de defender los cambios asegurando que el titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional tendrá libertad. "García Castellón tendrá que determinar en qué acaba eso y después tendrá que decidir qué es terrorismo", afirman fuentes del Ejecutivo que, pese a todo, ahora muestran prudencia a la hora de pronunciarse sobre las decisiones del magistrado, en especial tras las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, acusándole de "lawfare".
Todo apunta a que no va a haber sentencia firme sobre terrorismo antes de abril. Tras el nuevo redactado, en Moncloa sólo deslizan que el juez será el que tenga la última palabra, el que "valore si es terrorismo no" . Sólo es necesario una premisa: que suponga "una violación grave de derechos humanos". En el Ejecutivo ponen un ejemplo bastante laxo: "Si un señor que hizo una asentada el juez considera que es delito de terrorismo, ese señor quedará amnistiado",
Durante los disturbios en Cataluña, sólo hay un muerto: un ciudadano francés que murió por un infarto tras las barricadas de Tsunami en el aeropuerto del Prat. Algo que es difícil que encaje dentro de una supuesta "violación grave de derechos humanos". El Gobierno no impondrá al magistrado qué es el terrorismo pero le indica y le marca el camino, un sendero señalizado y con balizas para que se no deslice, ni busque alternativas.
¿Cuándo se negoció?
Ni en el PSOE ni en el Gobierno quieren hablar de cuando se pactó con Junts estas transaccionales, pese a que en Ferraz y en Moncloa seguían prometiendo el lunes que era muy improbable que tocasen la definición de terrorismo. "En esta legislatura siempre se acuerda algo a 10 segundos de que se acabe el plazo", ironizan en el Gobierno donde apuntan a un pacto a última hora entre Junts y el PSOE con ERC como maestro de ceremonia.