Vox ha anunciado que los 33 diputados del grupo van a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para intentar parar la tramitación de la amnistía. Tal y como adelantó Libertad Digital, la decisión de devolver la norma a la Comisión de Justicia después de el Pleno la tumbara, abría la puerta a esa actuación.
El recurso de amparo lo puede presentar cada diputado de forma individual, cuando cree vulnerados sus derechos. No requiere, por tanto, de una mayoría de 50 representantes como ocurre en el caso de los recursos de inconstitucionalidad. La formación de Abascal solicita además medidas cautelarísimas para frenar la reunión de esa comisión, prevista para el próximo jueves 7 de marzo, fecha límite para que PSOE y Junts pacten un acuerdo, y pide por escrito a la Mesa y la propia comisión que no se celebre.
La decisión la ha dado a conocer esta mañana el eurodiputado, Jorge Buxadé, en una rueda de prensa en la que ha explicado que la actuación judicial se dirige contra la decisión de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, de seguir con el procedimiento de la ley. Buxadé ha aprovechado para criticar su comparecencia, que ha protagonizado minutos antes, en la que ha descartado dimitir y ha optado por arremeter contra el PP. "La declaración de Armengol es la de una futura querellada", ha advertido sobre su implicación en el caso Koldo.
La actuación contra Puigdemont
El partido ha anunciado además que presentarán ante el Tribunal Supremo una petición para que llame a declarar como investigado a Carles Puigdemont, además de solicitar que se expida una orden europea de detención y entrega a España contra el eurodiputado, por delitos de terrorismo, después de que se haya abierto causa por este delito contra el expresidente catalán. "Puigdemont no puede seguir un minuto en el Parlamento europeo", ha advertido Buxadé.
Por último, el dirigente de Vox ha anunciado que van a remitir una carta a la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, para advertirle contra Puigdemont y que actúe de forma inmediata si la Justicia ordena actuar contra él. "Es inadmisible en una Europa de libertades que haya un diputado perseguido por terrorismo y pueda participar en los próximos debates y comisiones", ha lamentado.
También el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, remitirá una carta al Parlamento catalán en los mismos términos. A todas estas actuaciones se suma una propuesta de ley para cambiar la Ley Orgánica Electoral y que los que estén encausados en un proceso judicial no puedan concurrir a las elecciones, como ha ocurrido en el caso de Carles Puigdemont.