La Comisión de Justicia ha aprobado el nuevo dictamen de la Ley de amnistía por 20 votos a favor y 17 en contra, por lo que la norma pasará ahora a ser debatida a Pleno y, si obtiene el visto bueno del Congreso, se remitirá al Senado. El PP prevé retenerla dos meses, tras los cuales volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Será entonces cuando Carles Puigdemont prevé volver a España, en el mes de julio.
La sesión de esta mañana se ha celebrado en un ambiente muy tenso, después de que PP y Vox reclamaran no admitir a trámite la enmienda pactada con Junts y que se suspendiera la comisión ante el recurso de amparo interpuesto por los de Abascal. Peticiones que han sido despachadas por el presidente, el diputado del PSOE, Francisco Lucas, previa consulta con la Mesa de Justicia, con mayoría de izquierdas.
La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha advertido de que esta norma evidencia la corrupción del PSOE, haciendo referencia también al caso Koldo que salpica de lleno al Gobierno. "Es una ley corrupta porque es el pago que tienen que hacer para seguir ostentando el poder", ha dicho, advirtiendo que "la Historia no amnistiará a Sánchez". El de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado la norma de "traición" a España y ha advertido de que "se van a amnistiar delitos de tortura y contra la paz".
La portavoz de ERC, Pilar Valluguera, ha advertido de que la amnistía no frenará sus aspiraciones independentistas. "Volveremos a intentar, de una manera dialogada, pactada, segura, o como ustedes quieran, llevar a nuestro pueblo a un referéndum para ejercer la democracia", ha dicho, calificando el dictamen de "primer paso" pero "no definitivo".
La amenaza de Junts
Una amenaza que han venido realizando todo el día distintos portavoces separatistas, también de Junts, como Jordi Turull o Míriam Nogueras, que han avisado que, después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que otorgarán más financiación a Cataluña, llegará el momento de la independencia.
La oposición ha cargado duramente contra el Gobierno y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que a primera hora daba a conocer el pacto alcanzado por el PSOE con Junts y ERC, llegando a felicitarse a sí mismo ante la prensa. El Ejecutivo defiende que la norma se ajusta a la legalidad española y europea y se parapeta en el borrado de la Comisión de Venecia, que tergiversa y califica de "dictamen", para asegurar que la ley recibirá el visto bueno de la UE.