Vox insiste en reclamar al Partido Popular que haga valer su mayoría absoluta en el Senado para impedir la tramitación de la amnistía, a pesar de que el Reglamento de la Cámara no contemplaría esa posibilidad, y diferentes juristas interpretan que, de hacerlo, podrían prevaricar.
Los de Abascal aseguran, sin embargo, que el artículo 36 de la norma recoge esa opción porque dice que "corresponde a la Mesa del Senado calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación". Sin embargo, desde el PP defienden que las leyes no entran en la calificación de "documentos o escritos", como ocurre con la amnistía.
El partido de Feijóo insiste en asegurar que la única potestad del Senado para imponerse frente al Congreso es la de tumbar la senda de déficit, y con ello los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier otra posibilidad "daría argumentos al Gobierno", señalan, defendiendo la necesidad de ser escrupulosos en la aplicación de las normas para no incurrir en contradicciones o posibles conflictos institucionales.
Y es ahí, precisamente, donde aspira a llegar Vox, planteando incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional para que dirima si el Senado puede imponerse al Congreso y paralizar la amnistía, agotando así todas las posibilidades. A pesar de denunciar en reiteradas ocasiones la politización de este tribunal, los de Abascal defienden que hay que intentarlo, dado que sería más grave dar trámite a la amnistía.
El choque entre ambos partidos a cuenta de este asunto puede avivar la creciente desconfianza que les separa desde hace meses, sobre todo después de que Santiago Abascal declarara rotas las relaciones con Alberto Núñez Feijóo por las negociaciones con el PSOE para las comisiones parlamentarias o la renovación del CGPJ.
Fuentes de Vox consultadas por Libertad Digital aseguran que "están estudiando" la posibilidad de presentar una querella contra la Mesa del Senado, es decir contra el PP, si tramita la amnistía, como ya hicieron con el Congreso. El secretario general, Ignacio Garriga, defendió durante la primera vuelta de la amnistía, que barajaban esa posibilidad "por coherencia".
El partido no confirma que vayan a llegar al extremo de denunciar a su propio socio de gobierno en cinco comunidades, pero eleva la presión sobre el PP a cuenta de este asunto. Esta misma semana, Santiago Abascal, aprovechaba su intervención en el Pleno que aprobó la amnistía para dirigirse a Alberto Núñez Feijóo y advertirle de que "usen su fuerza en el Senado para impedirla".
También la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha lanzado el mismo mensaje varias veces al PP, al que reclama que "haga de verdadero dique de contención" e "inadmitir a trámite la amnistía por su manifiesta constitucionalidad", recordando los informes de letrados, asociaciones de jueces, etc. "Le pedimos que plantee un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado ante el TC, y sea el que decida", ha dicho.
Las últimas modificaciones de la amnistía para amparar los delitos de terrorismo y traición, podrían aumentar los motivos para que el PP paralice la norma. Sin embargo, los de Feijóo advierten de que podrían acabar acelerando el proceso si renuncian a los dos meses que tienen de plazo para dejar en suspenso la norma. Si el TC dicta sentencia a favor del Congreso, como parece previsible, la norma quedaría aprobada antes incluso de lo previsto.