En las últimas horas, los medios de comunicación se han llenado de titulares en los que se afirma que "la ONU reprueba duramente las leyes de concordia de PP y Vox en tres comunidades" (titular de la Cadena SER) por considerar que "atentan contra la legislación sobre derechos humanos" (titular de eldiario.es) y que, por tanto, se "insta a España a adoptar las medidas necesarias" (el entrecomillado que han asumido la inmensa mayoría de medios).
De esta forma, el Gobierno —con Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres y Diana Morant a la cabeza— ya han iniciado su particular campaña para exigir que se retiren unas leyes que siempre les han incomodado, puesto que lo que pretenden es acabar con el "sesgo ideológico" de la memoria histórica impuesta por el PSOE. "Qué verguenza, PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España", ha escrito rápidamente en su cuenta de X el ministro de Presidencia.
La intrahistoria del informe que ha dado lugar a esta polémica, sin embargo, ha llevado a los principales aludidos a poner el grito en el cielo. "Lo que dice es lisa y llanamente mentira", ha dicho el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien, para empezar, ha aclarado que el teórico informe de la ONU, no es de la ONU como tal, sino del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a quien el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que se dirigiría tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias leyes de concordia, en las que lo que se busca no es otra cosa que acabar con la distinción entre víctimas, añadiendo, por ejemplo, a las de la II República.
Un informe encargado por Sánchez
El documento, por tanto, no es más que una respuesta a los planteamientos presentados por una denuncia de parte que, además del mencionado relator, Fabián Salvioli, viene firmado por Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Morris Tidball-Binz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Sin embargo, ninguno de ellos se habría puesto en contacto con los mencionados gobiernos autonómicos para contrastar la visión proporcionada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que pasa por dar a entender que, al considerar a todas las víctimas y suprimir determinadas subvenciones, se estaría incumpliendo la obligación de preservar la memoria histórica.
"Si se hubieran preocupado de hablar con el Gobierno aragonés, les habríamos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no habrían cometido errores de bulto como el que han cometido", ha advertido Azcón en declaraciones a los medios, denunciando que los relatores han estado "influenciados exclusivamente por la información que les ha trasladado el Gobierno de España".
"No han contado con más opiniones, no han querido tener la información de todas las partes y por eso han cometido errores tan importantes como decir que en Aragón se está tramitando una ley, lo cual no es verdad", ha reiterado. "Lo que se ha anunciado es un plan de concordia en el que todo el mundo pueda verse reflejado", ha insistido para, a continuación, no solo quejarse del fondo del informe, sino también de las formas. "Si lo conocemos a través de los medios en lugar de directamente avisar a la comunidad autónoma, deja en mal lugar a la ONU", ha aseverado.
Las mentiras del polémico informe
En la misma línea se ha manifestado también Carlos Mazón, que asegura que el relator , "en ningún caso, ni se habrá leído la ley valenciana ni conocería la realidad de la Comunidad Valenciana". Entre otras acusaciones que se vierten en el informe, se asegura que las tres leyes autonómicas "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad" y a buscar a los miles de desaparecidos en las fosas. De ahí, gran parte de su indignación.
Mazón responde con datos y asegura que, desde que accedió al Gobierno valenciano "se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista", lo que desmontaría tales acusaciones. Además, ha defendido que la proposición de ley de Concordia valenciana, actualmente en tramitación en Las Cortes, "consolida y blinda los derechos de todas las víctimas" de dicha dictadura y lo único que hace es "incorporar nuevos derechos" a otras víctimas de violencia política que también los tienen.
Su enfado es compartido igualmente por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien asegura que tampoco sabía nada sobre el polémico informe: "Ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada". A la espera de analizarlo con detenimiento, el popular ha insistido en que la esencia de su plan de concordia, al igual que en las otras dos comunidades, no es restar derechos, sino ampliarlos a otros colectivos. "No hacemos distinción a las víctimas, esa es nuestra principal preocupación. Es una prioridad política cuidar a las víctimas", ha insistido, recordando que el PP condena la dictadura franquista y que esa condena se acaba de votar precisamente hace unas semanas en las cortes.
"Una burda estafa publicitaria"
Con todo, para sus socios de Vox es más que evidente lo que ha sucedido: "Es una burda estafa publicitaria. El autor del informe no es la ONU, sino tres relatores que, además de trabajar para la ONU, ahora han elaborado este informe a petición del Gobierno de Sánchez". A su juicio, su intención es más que evidente: "Influir en una tramitación parlamentaria de un país soberano", ya que, tal y como recuerdan, las leyes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana todavía no se han aprobado.
Precisamente por eso, fuentes del partido advierten de que "Vox no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes del memoria del consenso progre". En este sentido, el partido de Santiago Abascal revindica que las leyes de concordia "han permitido, principalmente, que deje de haber víctimas de primera y de segunda según el bando en el que lucharon los españoles hace casi 100 años; que se proteja todo nuestro patrimonio histórico y monumental; y que no se persiga a nadie por sus opiniones sobre la historia de España".