Mientras Pedro Sánchez ultima su ley contra la prensa, su partido no deja de ultimar mecanismos de control y censura a los medios de comunicación libres. Una de las líneas de actuación ha sido delineada en un documento del PSOE que aborda lo que ellos denominan discurso de odio.
Por lo visto, entre las medidas para evitar ese discurso no está actuar contra los homenajes a etarras o las soflamas contra la Constitución de los separatistas, ni penalizar la difamación a la prensa o castiga el ataque a los jueces que investigan los múltiples negocios de la familia Sánchez. No: ahí está un mecanismo de delación por medio de asociaciones controladas para disparar las denunciad contra la prensa por supuestos discursos de odio.
"España es un país referente a nivel internacional respecto a las políticas igualitarias, la conquista y defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la protección de minorías y de los colectivos vulnerables", argumenta el PSOE. "No en vano, nuestro país se convirtió en 2005 en el tercer país del mundo en reconocer el derecho a contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo, con la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificaba el Código Civil, y en el primero del mundo en permitir la adopción a las familias homoparentales, hechos que supusieron un antes y un después no sólo para las personas LGTBI sino para el conjunto de la sociedad española", añade.
"Posteriormente, en 2007, también fuimos pioneros en el mundo, al regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo, posibilitando a las personas trans cambiar su sexo sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación. Esta ley pionera fue actualizada con la recién aprobada Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", expone el PSOE.
Aprobación de leyes
El PSOE une esa argumentación a una mención a "la aprobación de leyes y medidas como la Ley de lengua de signos, la Ley de adaptación de la Convención de las personas con discapacidad, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración o más recientemente la Ley de Regulación de la Eutanasia".
Y -sin saberse muy bien el motivo-, une el reconocimiento de los derechos de los homosexuales a una alteración de la ley de símbolos -que no recoge ni la bandera homosexual ni ninguna otra que no sea de representación general- o incluso al pago de subvenciones públicas a asociaciones afines a sus intereses: "Con los primeros acuerdos de los nuevos gobiernos de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos se han encontrado medidas como retirar las banderas arcoíris de los edificios públicos, suprimir concejalías o consejerías que tenían como objetivo trabajar por la diversidad y la igualdad plena de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, o eliminar ayudas públicas a las asociaciones y organizaciones que se dedicaban a dichos fines".
A partir de ahí, el documento del PSOE salta a calificar de "ultraderecha" que "irrumpió en las instituciones públicas" a todos los que no defienden la entrega de partidas presupuestarias a asociaciones politizadas y califica de "discursos de odio que se han expandido" cualquier crítica a la legislación socialista.
Y, en base a ello, diseña un esquema de pago a asociaciones con capacidad para denunciar planteamientos ideológicos de los que el PSOE considera de ultraderecha. Es decir, los del otro lado del "muro" inventado por Sánchez.
Delitos de odio en España
"Las cifras provisionales de 2023 sobre los delitos de odio en España, pendientes de la consolidación de los datos de las policías autonómicas, señalan que las fuerzas de seguridad registraron, en 2023, 1.606 incidentes de delitos de odio en España, lo que supone un aumento de un 33,1 % respecto al año anterior, mientras que hubo 712 detenidos, un 40,2 % más". Por lo visto, todo un éxito del ministro responsable, Fernando Grande-Marlaska.
"Según la última encuesta de 2023 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) el 45 % de las personas afrodescendientes declara haber experimentado discriminación racial en los 5 años anteriores a la encuesta, lo cual supone un aumento en relación con la de 2016 del 39 %; el 30 % de los encuestados afirma haber sufrido acoso racista; el 34 % se sintió discriminado por motivos raciales durante la búsqueda de empleo y el 31 % en el trabajo, pero casi nadie lo denuncia", afirma el PSOE.
Y, por todo ello, el partido de Sánchez anuncia el "impulso, con el mayor consenso posible, junto a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, de la adopción de un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio, con el objetivo de erradicar la discriminación que sufren las minorías y colectivos vulnerables, y para remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad".
Prevé un plan de adoctrinamiento para "que las Administraciones educativas promuevan la implantación de medidas preventivas y programas en centros educativos, cuya finalidad sea la de eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio". E "impulsar el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio" con el fin de "realizar análisis estadísticos sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio, acompañándolo de un sistema de seguimiento mediante la recopilación de datos que sirva como termómetro para medir los efectos de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo e implementación de políticas preventivas". Traducido: un sistema de seguimiento y delación de lo que el PSOE considera discurso de odio.
Hay que recordar que dentro de esa categoría, Sánchez ha calificado las informaciones sobre los negocios de su familia a las que tacha de "fango" y "campaña de ataque personal".