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PP y PSOE registran la proposición de ley para despolitizar la justicia

La norma endurece el acceso de los políticos al CGPJ o a la Fiscalía y establece seis meses para que se elabore una reforma integral.

La norma endurece el acceso de los políticos al CGPJ o a la Fiscalía y establece seis meses para que se elabore una reforma integral.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

Sin cámaras para captar el momento, el PP y el PSOE han registrado durante la tarde de este miércoles la Proposición de Ley orgánica para despolitizar la justicia y reformar la Fiscalía. El documento lleva la firma del portavoz del PP, Miguel Tellado, y del socialista, Patxi López, y solicitan que se tramite por procedimiento de urgencia, lo que permite acelerar plazos.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha habilitado los días 4, 11, 17 y 23 de julio para celebrar plenos Tras su admisión a trámite y calificación, se deberá celebrar un debate de toma en consideración. De ahí, pasará a la Comisión de Justicia y volverá al hemiciclo para su aprobación definitiva.

Cambios en el CGPJ

La Proposición de Ley incrementa a 20 años el tiempo que deberán haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo. También establece que los jueces que hayan tenido un cargo político no podrán reingresar en el servicio activo hasta dos años después del cese. Esto afectará a los actuales magistrados que están en el Gobierno: Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande Marlaska (Interior). Con esta nueva exigencia, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no podría haber sido nombrado como juez del Constitucional.

También establece que los vocales del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia no pueden haber sido ministros, secretarios de Estado, consejeros o alcaldes en los cinco años anteriores a su designación. La Proposición pide crear una Comisión de Calificación en el CGPJ integrada por cinco vocales y que informará sobre todos los nombramientos. Por último, exige una mayoría de tres quintos de los vocales para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del TS competente para conocer las actividades del CNI.

Una ley para que "los jueces elijan a los jueces"

En el texto queda claro que el CGPJ deberá realizar en los próximos seis meses "un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos". La propuesta tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "la sometan a consideración de las Cortes" y, en su caso, "tramitación y aprobación". En una disposición adicional, se menciona el artículo 122 de la Constitución que "garantice su independencia y con la participación directa de los jueces y magistrados".

A excepción de España y Polonia, en los órganos similares al CGPJ de diferentes países europeos, la participación de los jueces es mayor. Entre los modelos que estudiarán están el Consejo de la Magistratura Italiana con mayor independencia judicial. También están los modelos similares en Francia o Portugal. La Proposición pide que la reforma sea "acorde con los mejores estándares europeos".

El contenido de la norma deja claro que el CGPJ deberá elaborar una nueva ley que reforme el actual sistema de elección para que sea por "participación directa de los jueces", a pesar de lo dicho por el portavoz socialista, Patxi López, y el propio negociador, Félix Bolaños, que intentaban calmar a los socios negando que "los jueces vayan a elegir a los jueces".

Cambios en la Fiscalía

La Proposición también modifica los criterios para elegir al Ministerio Público y se pide que tengan "más de quince años de ejercicio" y sea "de reconocido prestigio". Se impide su acceso a los que en los últimos cinco años han tenido algún cargo público (ministerio, secretaria de Estado, Consejería o alcaldía). Este cambio está hecho para imposibilitar ascensos como el de la exministra Dolores Delgado, que dio el salto a la Fiscalía General y más tarde a la de sala. La norma entrará en vigor el día siguiente después de su publicación en el BOE.

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