No hace ni un año que Pedro Sánchez consiguió ser investido presidente del Gobierno gracias a una serie de acuerdos que consistían en impunidad para los líderes de Junts y ERC. Votos a cambio de una ley de amnistía. Desde ese momento, el objetivo primordial del Ejecutivo ha sido redactar y aprobar una ley hecha a la medida de Carles Puigdemont. El resto de la gobernabilidad, como los Presupuestos, se aplazaron, buscando un momento más propicio.
La norma fundacional de la legislatura ha sufrido un fuerte varapalo con la decisión del Supremo de considerar que los líderes de Junts y ERC sí obtuvieron un beneficio personal de la malversación. O lo que es lo mismo: Puigdemont no podrá acogerse a la amnistía en lo referente al delito de malversación y su orden de detención sigue activa.
La decisión de la sala segunda del Alto Tribunal no ha gustado a los socios del Gobierno. El malestar en la Moncloa es evidente que ve también cómo se complica la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña. El objetivo ahora del sanchismo es la de marcar distancias con Marchena y Llarena para tratar de atraer a sus socios. "Nosotros hemos cumplido nuestra parte del acuerdo", deslizan fuentes gubernamentales para calmar a los separatistas.
En el Ejecutivo tratan de lanzar mensajes a Puigdemont mientras recuerdan que su poder es limitado y se escapa al control de la Sala Segunda del Supremo. "El legislador ya ha hecho su trabajo", añaden en referencia a la ley. Ahora, "le toca a los jueces" aplicarla y le recuerdan a los separatistas que los magistrados "tienen la última palabra".
La voluntad del legislador
Todo mientras tratan de evidenciar que no les ha gustado el fallo del Supremo. Sólo unas horas después de conocerse la decisión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguraba que "la voluntad del legislador es tan claro como el propio texto de la ley". O lo que es lo mismo: deslizaba que el Alto Tribunal no ha tenido en cuenta la intención del PSOE a la hora de incluir el delito de malversación en la norma.
La ministra evitaba hacer valoraciones políticas, para evitar quejas del CGPJ como ha sucedido en otras ocasiones, pero iba dejando diferentes píldoras en las que mostraba su malestar como cuando recordaba que la Ley de Amnistía fue "aprobada por la mayoría absoluta del Congreso", obviando que la diferencia de bloques fue de sólo 5 votos.
Alegría conminaba a los magistrado del Supremo a que "apliquen la ley", pero les recordaba que "el texto es claro" y "la voluntad del legislador también" así como "el objetivo de la ley". No es la primera vez que se escuchan unos argumentos similares en la sala de prensa de la Moncloa. La exministra de Igualdad, Irene Montero, también reprendía a los magistrados que aplicaban la reducción de penas en virtud de la Ley del "sólo si es sí" porque, según la líder de Podemos, no sabían interpretar "la voluntad del legislador".
La ministra socialista evitaba ir tan lejos como Ferraz donde reconocen "discrepancias" con los argumentos. Incluso aseguraban que "las consideraciones políticas" del Supremo con "innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendadas". En privado, fuentes del Gobierno evitan comentar la sentencia del Supremo pero dejan caer que su valoración es de desagrado. "Mejor me callo", respondía un alto cargo para evitar más polémicas.