
A solo unas horas de que se debata la reforma de la ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, el socio minoritario del Gobierno confía en que el Partido Popular cambie de postura en el último minuto y facilite la aprobación de la norma. Fuentes de Sumar afirman que dentro del PP "no hay consenso" y "las posiciones no están claras". Bajo esta premisa, el Gobierno de coalición pretende aprobar in extremis la reforma del artículo 35 para la acogida de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
El anhelo por un cambio en la postura de los populares viene después de las conversaciones mantenidas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado tras las cuales, y según fuentes del PP, el Gobierno rechaza aplicar a la norma las condiciones fijadas por el Partido Popular para tramitar la Ley de extranjería. Esta "imposición" y "falta de diálogo" han llevado al PP a anunciar con rotundidad su voto en contra. Y las mismas fuentes sospechan que el Ejecutivo tiene atados los apoyos de Junts, porque desde el Ejecutivo se les habría instado a mejorar el texto en el trámite de enmiendas, dando por hecho así la aprobación.
Al PSOE le bastaría una abstención del Grupo Popular para que dé comienzo el trámite parlamentario de la norma, teniendo en cuenta el apoyo de Junts. En el Partido Popular "ya dan por hecho" que se aprobará la reforma con los votos de Junts. Sin embargo, el partido de Carles Puigdemont, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía, se ha mostrado reacio a votar a favor de esta tramitación parlamentaria.
El Gobierno de coalición asegura que ha mantenido contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo con Vox, para evitar un tercer batacazo después de que Sumar votara en contra de la ley contra el Proxenetismo y la ley del Suelo, que ni siquiera llegó al Pleno, pronosticando el rechazo de la mayoría de la Cámara Baja.
La reforma de la Ley de Extranjería es la segunda parte de las negociaciones en torno a los menores no acompañados. La primera fue el reparto de los 400 jóvenes por todas las autonomías. Este asunto fue el que ocasionó la ruptura de PP y Vox en los cinco gobiernos autonómicos tras la luz verde de los populares abogando por la solidaridad.