El PSOE quiere acabar cuanto antes con el caso Begoña Gómez y para ello barajan dos opciones. La primera es que prosperen ante la Audiencia Provincial los recursos que piden cerrar las indagaciones y que está previsto que se den a conocer el día 30 de julio. En la actualidad, hay tres que están pendientes por resolver pero en la que tienen más esperanzas es en la que registró la Fiscalía. Desde hace semanas, los socialistas miran con lupa los autos de Juan Carlos Peinado buscando cualquier tipo de error.
En los que se centran son dos. Por un lado, el auto del magistrado en el que respondía a la defensa de Begoña Gómez asegurando que se la investiga por "todos los actos, conductas y comportamientos" que ha llevado a cabo "desde que se su esposo es presidente del Gobierno de España y que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias. Esta respuesta dio alas a la teoría del PSOE que afirma que el magistrado está haciendo una investigación "prospectiva" , que en la actualidad está prohibido. Es decir: un proceso judicial en el que se va buscando y viendo a ver si encuentra algún delito.
El otro "error", a juicio de los socialistas, sería la citación de Sánchez como testigo. El artículo 416 de la LeCrim añade que están "dispensados" de declarar los "cónyuges" . Algunas de las acusaciones creen que el presidente del Gobierno, acogiéndose a este artículo, podría negarse a declarar sobre las actividades de su mujer pero sí estaría obligado a responder si se le pregunta por el contenido tratado en sus reuniones con el empresario Carlos Barrabés.
Cualquier defecto de forma o cualquier error de Peinado va a ser aprovechado por Sánchez para tratar de cerrar el caso. Si la Audiencia Provincial no hace caso a los recursos de la Fiscalía, en el Gobierno dejan la puerta abierta a una recusación que tendrían que presentar las defensas. El objetivo sería apartar al juez por "prevaricación" pero no está claro quién sería el primer abogado que lo registrase, si el de Begoña Gómez o el de algún otro imputado como el de Carlos Barrabés.
Lo más probable es que, si se llega a este punto, fuese la defensa del empresario quien se encargase de recusar en primer lugar al magistrado. El letrado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, se está implicando también en evitar que Sánchez declare como testigo. En un escrito en el que recurre la citación asegura que "no existe indicio alguno que justifique la línea de investigación, una vez más prospectiva, que se ha iniciado con esta citación". Un encuentro que entiende que "choca directamente" con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La actitud del juez Peinado contrasta con la satisfacción que reina en Moncloa con la investigación de la Fiscalía Europea, tras pedirle al magistrado de Plaza Castilla las piezas que afectan a los fondos europeos. En el entorno de Sánchez elogian la decisión del ministerio público comunitario de excluir a Vox como acusación y afirman que "las acusaciones particulares" en el caso Gómez "es un censo de la ultraderecha".