Carles Puigdemont explota de manera intensiva el éxito de su "incursión" en España y su segunda fuga. Tras las redes sociales y TV3, ahora es el turno de la revista internacional Político, donde el prófugo ha escrito un artículo con interesantes detalles y también fabulaciones en relación a su última fuga. Puigdemont asegura que entró en España la tarde del 6 de agosto, dos días antes del mitin programado y anunciado por su partido en el Arco del Triunfo de Barcelona.
Sobre ese particular, el líder golpista afirma que "el riesgo de ser enviado a una prisión española durante los próximos años era extremadamente alto. Sin embargo, decidí regresar. No sólo eso, anuncié dónde, cuándo y a qué hora aparecería ante miles de personas. La tarde del 6 de agosto logré acceder al Principado de Cataluña y dirigirme a Barcelona sin ser descubierto. Dos días después pude cruzar algunas calles y llegar al escenario sin que me apresaran. Y pude hablar con el rostro descubierto, a pocos metros de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del propio parlamento, delante de una multitud".
En cuanto a la segunda parte del plan, asistir a la sesión de investidura, Puigdemont dice que "quería ir al parlamento, pero la policía había acordonado toda la zona, haciéndolo imposible. Si lo hubiera intentado, habría sido equivalente a entregarme a las autoridades judiciales, quienes creo que carecen de autoridad legal para perseguirme, ya que violan las normas internacionales, así como la legislación aprobada por el parlamento español".
El prófugo asegura que programó su peripecia para denunciar "un problema sistémico del poder judicial español" y añade: "Entonces, para seguir en libertad, tuve que activar el plan alternativo que había preparado: hablar en el evento, evadir el arresto ilegal y salir de España. Esto no fue fácil. La policía provocó el caos en toda Cataluña al intentar arrestarme: un miembro del parlamento, un político cuyo "crimen" fue organizar un referéndum; ni un terrorista ni un traficante de armas, ni un asesino ni un violador. La última vez que se orquestó una operación tan masiva en Cataluña fue hace exactamente siete años, bajo mi presidencia, y en esa ocasión fue con motivo de los terribles atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Pero, finalmente, mi exfiltración fue un éxito".
"El hombre del maletero"
Puigdemont está obsesionado con que se le conozca como "el hombre del maletero". Ya en su primera fuga se acuñó esa definición por la forma de salir de su casa en Gerona para burlar la vigilancia policial. Ahora, en esta nueva fuga, persiste en negar el uso del maletero en un alarde de la expresión latina "excusatio non petita, accusatio manifesta" y escribe para la citada revista que "no había necesidad de esconderme en el maletero de un coche, como dicen que hice. Me senté en la parte trasera de un vehículo privado y me condujeron a través de la frontera entre el sur de Cataluña y el norte de Cataluña, que es territorio administrativamente francés".
El líder del golpe de Estado de octubre de 2017 acusa además a los jueces de lo que él denomina "golpe híbrido" y sostiene que "para colmo, tanto el Ministerio Fiscal como la Fiscalía del Estado han pedido que se nos aplique la Ley de Amnistía. En circunstancias normales, los jueces accederían automáticamente a dichas solicitudes. Pero, en cambio, optaron por reconocer una acusación particular interpuesta por el partido de extrema derecha Vox, que confirma que se trata de una persecución judicial de carácter político".
Nueva versión sobre el 1-O
Sus consideraciones sobre los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo incluyen una novedad, la de las "contribuciones voluntarias" para financiar el referéndum. Oculta los gastos en propaganda, los viajes, estancia y facilidades pagadas a los "observadores" internacionales con fondos públicos, la utilización de las escuelas y otros gastos del referéndum que se trataron de ocultar cambiando el nombre y el fin de determinadas partidas.
Pero nada de eso impide a Puigdemont cargar contra el Supremo porque "al argumentar que las contribuciones voluntarias para financiar el referéndum –que no le costaron nada a los ciudadanos– equivalían a un enriquecimiento personal, el tribunal esencialmente ha redefinido el delito de "malversación de fondos". La distorsión de la realidad que se está produciendo para sacarnos del alcance de la Ley de Amnistía es tan surrealista que no sólo ignora la ley, sino que también se burla de los legisladores españoles.