El prófugo Carles Puigdemont insiste en sus ataques contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso del golpe de Estado separatista, Pablo Llarena. Además de los insultos de Puigdemont (la "Toga Nostra") y de elementos de su partido como Eduard Pujol (que tachó al magistrado de "Tejero sin bigote"), ahora se abre la vía judicial contra el magistrado. El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado una denuncia contra Llarena en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por la desatención y el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos de reforma interpuestos en la causa especial n.º 20907/2017, vinculados a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña".
Según el texto presentado por Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla a catorce años de cárcel de los que solo cumplió seis e imputado por blanqueo de capitales de otro de sus clientes, el narco Sito Miñanco), Llarena habría incumplido el plazo legal previsto para la resolución de recursos relativos a la ley de amnistía. Boye considera que Llarena debería haber resuelto los recursos hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio.
A modo de "prueba" de su tesis, Boye destaca que el magistrado suspendió sus vacaciones "con el anhelo notorio de supervisar la captura del Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó", indicio que según este abogado "además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal".