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Las CCAA del PP firman un manifiesto común contra la ministra de Vivienda: "No nos impondrá sus políticas fracasadas"

Este jueves tiene lugar la reunión sectorial entre Isabel Rodríguez y los consejeros autonómicos del ramo para hablar de vivienda.

Este jueves tiene lugar la reunión sectorial entre Isabel Rodríguez y los consejeros autonómicos del ramo para hablar de vivienda.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante la jornada informativa sobre los préstamos ICO para la vivienda asequible en Madrid. | EFE

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un manifiesto conjunto para mostrar "rotundo rechazo al intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda". Con este documento acuden a la reunión de esta mañana a las 11.00 con la ministra, Isabel Rodríguez, que amenazó con retirarles financiación si no declaran zonas tensionadas.

Los consejeros del PP reiteran su negativa a hacerlo, a pesar de la amenaza, para no intervenir en los precios de alquileres porque "este tipo de medidas solo sirve para que suban los precios y baje la oferta", sostienen. El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber provocado que "los alquileres se hayan vuelto prohibitivos" y, sobre todo para los jóvenes, "la vivienda se ha convertido en un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad".

El PP acusa a la ministra de intenta forzar una ley por motivos ideológicos y de confrontación y le exigen que "busque soluciones a un problema que está alcanzando magnitudes de drama social". La reunión con la ministra tiene lugar después de que el PP haya presentado varias medidas incluidas en su Ley de Vivienda para dinamizar el mercado y hacer que suba la oferta y bajen los precios, dada la demanda desbocada.

Entre las medidas estrella, otorgar seguridad jurídica frente a los ocupas o inquiocupas, eliminar el impuesto de donaciones entre familiares directo si es para invertir en compra o alquiler de inmuebles o reducir el umbral de vulnerabilidad actual, que se sitúa en los 1.800 euros, a los 1.050, dado que está provocando que los arrendatarios exijan nóminas superiores a esos 1.800 euros para sortear la ley y luchar contra la inquiocupación. Como resultado, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda.

La vicesecretaria de Vivienda del PP, Paloma Martín, desgranó ayer algunas de las medidas incluidas en su nueva norma, que presentarán en las próximas semanas, y mañana está previsto que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, dé a conocer novedades en una estrategia similar a la que desplegaron para presentar su Ley de Conciliación, que ha provocado tanta controversia por el giro social que supone.

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