Pocas ruedas de prensa en Moncloa se recuerdan con semejante nivel de tergiversaciones y manipulaciones sobre distintos aspectos. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que "con esta resolución se aproxima el archivo de esta causa" pero nada más lejos de la realidad. Lo que mantiene es la imputación por tráfico de influencia y abre la puerta a nuevos delitos.
La primera mentira la decía nada más comenzar su explicación: "La Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa". Nada más lejos de la realidad. Hay que ir hasta la página 17 del auto para ver cómo los magistrados defienden la investigación y rechazan la acusación de prospectiva porque dicen que es ésta es la que "se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación". Es decir: avala investigación de Peinado pese a que Alegría reinterpretaba este texto para decir que los magistrados "le afeaban que esto sea así".
La segunda mentira de Alegría es cuando afirmaba que "acota por segunda vez al mínimo el ámbito de actuación". En realidad, el auto sólo deja fuera los hechos relacionados con Globalia pero matizan "en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio"
La tercera manipulación del Gobierno es cuando afirmaba que el auto ", valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía diciendo que no hay ninguna irregularidad". En realidad, el auto habla de "la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra" y cita varios informes de la UCO para justificar los incrementos en los contratos. Incluso detectan 99 expedientes de contratación cuyo importe ronda los 25 millones.
Los magistrados de la Audiencia admiten que, pese al carácter meramente indiciario propio de la instrucción, se podría añadir a nuestra primera aproximación sobre la notitia criminis, la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente, sino también personal en el ámbito empresarial"
La cuarta mentira es cuando decía que "con esta resolución se aproxima el archivo de esta causa, esta no causa". La ministra volvía insistir en que no existe causa pese a los indicios que muestran el auto que habla "una conducta racionalmente sospechosa". "La denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación", afirman los magistrados que piden comprobar si la mujer del presidente incurrió en un "ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas". Un varapalo que el Gobierno no quiere admitir.
En el Gobierno, algunos altos cargos, llevaban tiempo expresando su confianza en que la Audiencia acabaría por archivar el caso. Tras la resolución, acotando el caso a los contratos con Barrabés y al software, el silencio imperaba en Moncloa hasta las tergiversaciones de Alegría. El auto es un jarro de agua fría al Ejecutivo y refuerza al juez Peinado.
Más cautela en Ferraz
En Ferraz creen que "lo importante" es que "esta vez haga caso la Audiencia porque la última vez también se acotó", en referencia a una resolución de mayo, "y siguió practicando diligencias". Se refieren a un auto del 29 de mayo en la que la Audiencia hablaba sobre el rescate de Air Europa y aseguraba que la denuncia de Manos Limpias que aludía a una amistad entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo se basaba en "una simple conjetura".
La respuesta de Peinado fue encargar un informe a la Intervención General del Estado buscando más pruebas. La resolución de este lunes de octubre afirma que la investigación a Globalia debe esperar hasta que aparezcan "hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio".
