La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de imputar, por primera vez en la historia, a un Fiscal General del Estado ha sido un duro mazazo contra el Gobierno. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa la Fiscalía ha ido dejando un reguero de escándalos.
Primero, con Dolores Delgado, la ministra que saltó del banco azul al Ministerio Público tras recalar de manera breve como diputada. Su sucesor, Álvaro García Ortiz, ha hecho historia al ser el primer Fiscal General imputado. En esta ocasión, por revelación de secretos tras airear los correos privados del abogado de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras negociaba un acuerdo de conformidad.
En el Gobierno la imputación de García Ortiz no ha sentado bien y fuentes del Ejecutivo lo califican de una "cabriola". Los socialistas no acaban de entender que se le impute por revelación de secretos cuando, en el correo filtrado, figuraban hasta 30 destinatarios. "¿Por qué deducen que es el Fiscal General?", se preguntan en el Gobierno e indican al Supremo que lo lógico sería que un tribunal ordinario indagase esta filtración , investigase a las 30 personas que recibieron el mail y, si García Ortiz estuviese implicado, entonces lo derivasen al Alto Tribunal.
Una instrucción breve porque "quedará en nada"
Aunque hay quien considera en el Ejecutivo que el caso "quedará en nada". Incluso auguran que los periodistas que publicaron que González Amador aceptaba los delitos, en un intento de buscar un acuerdo con la Fiscalía, se escudarán en "el secreto profesional" y el Alto Tribunal tendrá que absolver o archivar el caso. "Los periodistas no pueden revelar las fuentes", sentencian en Justicia.
En el Gobierno pronostican que la instrucción será breve, no durará más de seis meses, y acabará dándoles la razón pero cargan contra el Supremo por dar el paso de imputar al máximo responsable del Ministerio Público. "Es un paso muy grave investigar a un Fiscal General del Estado para que quede en nada", tercian fuentes gubernamentales.
Malestar con Marchena
Lo que obvian es que la decisión ha sido tomada por "unanimidad" en el Supremo y con una ponente más afín al sector progresista. Con quien no ocultan su malestar es con el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, que es quien ha decidido imputar a García Ortiz.
Este es el segundo varapalo de este magistrado al Gobierno en menos de tres meses ya que este pasado mes de julio confirmó que no aplicarían la amnistía al delito de malversación. Lo que dejó fuera de la norma al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios exconsejeros. "Se está dando la sensación que la justicia no es ciega, es tuerta y sólo está viendo por el ojo derecho", tercian en el Ejecutivo en una clara alusión a la Sala Segunda del Supremo.