La Comisión de Investigación creada por el PSOE en el Congreso -donde tiene mayoría- para contrarrestar mediáticamente la impulsada en el Senado -donde no tiene mayoría- para analizar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, se ha cerrado en falso. Un nuevo choque de los socialistas con sus socios, ha llevado a los de Sánchez a dejar morir la comisión sin prórroga, ni conclusiones, a la vista de que no tenía apoyo para dictar las conclusiones. La dejó morir este verano, acaba de sepultarla y ha pretendido que no trascendiera la información recopilada. Y no es de extrañar.
Un documento elaborado por el PP ha permitido extraer los datos recabados en esta comisión de investigación. Y, entre ello, figura un dato que puede suponer un problema para el recién estrenado como presidente de la Generalidad Catalana, Salvador Illa. La empresa de su pueblo no sólo es que fuese agraciada con contratos públicos de mascarillas en el periodo de concursos de urgencia y asignación a dedo por el covid: es que el volumen que se le dio se eleva hasta equivaler a 275 veces el volumen de negocio normal de esa empresa hasta la llegada de esa lluvia de dinero.
Hay que recordar que el exministro de Sanidad Salvador Illa no exigió determinados requisitos a un proveedor de confianza de material sanitario, la empresa catalana FCS Select. En concreto, no le exigió que sus mascarillas llevaran el etiquetado de calidad y de ciertos estándares de respirabilidad. FCS Select es una firma con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y con una nave, adquirida en 2022, en La Roca del Vallés (Barcelona). E Illa fue alcalde de este municipio entre 1999 y 2005.
El contrato con FCS incluía la importación total de 508 millones de mascarillas procedentes de China. El importe se elevó a 217,5 millones de euros divididos entre cuatro contratos del Ministerio de Sanidad que comandaba en aquel momento el mismo Salvador Illa.
Hubo lotes defectuosos e incumplimientos de plazos, algo que podría ser previsible, aunque sólo fuera porque, originariamente, la empresa en cuestión se centraba en el envasado de bebidas alcohólicas.
Nexos de amistad entre la empresa e Illa
Esta empresa, FCS Select Products, fue igualmente denunciada por el PP en marzo de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP exigió que se investigaran los posibles "nexos de amistad" entre la cúpula de la firma e Illa.
Pues bien, la datos recabados por la Comisión de Investigación analizan el "Expediente 202009PJ0015. Contratación para el suministro de 58 millones de mascarillas adjudicado por un valor de 29.826.500 € (IVA incluido)". Allí se destaca que "el 23/3/2020, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad) adjudicó a la empresa FCS SELECT PRODUCTS S.L., los contratos 5,6,7, y 8 citados anteriormente. Todos ellos iban destinados fundamentalmente al suministro de mascarillas quirúrgicas o de protección por un valor de 263.126.600 € (IVA incluido)".
Pues bien, "los contratos se tramitaron en la misma fecha y en el mismo momento por el procedimiento negociado, sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa".
La actividad social de la empresa no guardaba relación con mascarillas
Además, "en relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:
1.La compañía adjudicataria, con sede en la provincia de Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato como para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado; y mucho menos para la adjudicación de 4 contratos de manera simultánea por un importe tan elevado sin referencias previas ni experiencia en el sector".
Otra de las conclusiones señala que "el importe de la cifra de negocio de la empresa FCS SELECT fue de menos de un millón de euros en 2018 (incluso un 5,6% menos que el año anterior), con un beneficio de 69.000 €. Esta cifra destaca si se compara con los 263,1 millones que obtuvo en 2020 como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por la COVID-19". Y es que "la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 €), declarando no tener trabajadores en los ejercicios anteriores".
Es más, no consta que hubiese una comprobación, tal y como determinan el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos o con su solvencia económica a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicataria, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad".
"A fecha 2 de marzo de 2022, no consta publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan sólo el anuncio de formalización". Y "tal y como se ha publicado en diversos medios de comunicación, la administradora de la empresa, D. ª Mayra Dagá Castillo, fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros", añade el documento recabado por el PP.
"Tales precedentes son relevantes ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia. De hecho, este tipo de delito puede suponer, en su caso, la imposición de penas accesorias como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o para contratas con el sector público", concluye el documento.