Un Pedro Sánchez plenamente rodeado de una órbita de corrupción necesita más que nunca el apoyo firme de todos sus socios. Y todos sus socios han entendido el mensaje: su precio por apoyarle sube. Bildu se acaba de sumar a esta subasta y ha pedido oficialmente "aumentar, en consonancia con el requerimiento realizado por el Consejo de Europa, la indemnización por despido improcedente de manera que garantice la protección de las personas trabajadoras y sea disuasoria para el empresario, recuperando la suficiencia previa a la Reforma Laboral".
Los precios de todos los socios de Sánchez suben con la corrupción. Apoyar al PSOE mancha políticamente más que nunca y nadie quiere quedarse sin actualizar sus tarifas. Bildu tampoco, por supuesto. Los proetarras han presentado ya en el Congreso su texto relativo "al aumento de la indemnización por despido improcedente, para su debate en Pleno".
Y la exposición de motivos se basa en lo siguiente, teóricamente: "El pasado 27 de noviembre el Comité de ministros del Consejo de Europa decidió elevar una recomendación a España para que procediera a fijar un sistema indemnizatorio por despido improcedente adecuado y que resulte disuasorio para las empresas". Se olvidan de que, si es disuasorio despedir, lo que harán las empresas que puedan será irse a un sitio donde no se sientan disuadidos de contratar.
Garantía de indemnización
"Este sistema indemnizatorio ha de tener en cuenta el daño real sufrido por las personas trabajadoras y que en la actualidad se entiende no se contempla. Esta resolución del Comité de ministros persigue la garantía de una indemnización que, en casos de despido ilegal, tenga en cuenta el daño real sufrido por la persona trabajadora afectada, así como sus circunstancias personales e individuales ante esta casuística de despido improcedente", añaden los proetarras.
"Conviene recordar en este punto que esta recomendación es causa directa de una denuncia cursada con anterioridad, en marzo del 2022, por el sindicato UGT que denunciaba la vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea que España ratificó el 6 de mayo de 1980 y que entró en vigor para el Estado español el 5 de junio de ese mismo año", añaden.
"La denuncia sindical referida ha dado lugar con el tiempo, en primer lugar, a un dictamen del Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS) fechado el 29 de julio y posteriormente a la recomendación del Comité de ministros del Consejo de Europa del 27 de noviembre del presente año", explican.
Reforma de Yolanda Díaz
Y, en base a ello, exigen un nuevo encarecimiento de los costes por despido, justo cuando la reforma de Yolanda Díaz ha generado las mayores dosis de precariedad observadas en los últimos tiempos. Y es que, sólo por dar algún dato representativo, la cifra de demandantes de empleo que no están registrados como parados en las estadísticas oficiales se acerca ya peligrosamente a los dos millones de personas.
En concreto, se sitúa ya en los 1,7 millones, inflados, por supuesto, por los mas de 700.000 fijos discontinuos que se encuentran realmente parados. Se trata de la realidad de un mercado laboral que ha perdido su capacidad de generar empleo y poder adquisitivo bajo una montaña de impuestos y trabas burocráticas y, además, de datos estadísticos amañados. Los datos han sido extraídos desde las bases oficiales de Empleo por el departamento de estudios del sindicato USO.