
El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares ha lanzado un comunicado durante la tarde de este jueves trasladando la "condena y preocupación" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez sobre la "detención" que ha sufrido la líder opositora María Corina Machado este jueves por parte del Régimen del dictador Nicolás Maduro durante una concentración democrática en Caracas.
Esta condena sobre lo sucedido en la capital venezolana ha venido acompañada de un reconocimiento por parte del Ejecutivo de que en Venezuela hay "presos políticos" como Rafael Tudares, Carlos Correa y Enrique Márquez. Algo que no ha servido para que el Gobierno de Sánchez se haya replanteado su decisión de no reconocer al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como legítimo presidente venezolano.
Asimismo, el Ejecutivo —que no se había pronunciado anteriormente sobre los otros secuestros por parte de la Milicia Nacional Bolivariana controlada por el oficialismo— ha evitado en este comunicado, como han hecho anteriormente sus dirigentes, calificar de dictadura al Régimen de Maduro. Una posición que se agravó después de que el Congreso votase a favor de reconocer a González con el voto en contra del PSOE.
Cabe recordar que las intermediaciones que ha tenido el Gobierno de Sánchez con Venezuela han venido precedidas por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene una relación fluida con la dictadura de Maduro y cuyo papel fue vital en el exilio forzado de Edmundo González Urrutia, que ha residido en España hasta que ha iniciado una ruta por países próximos a Venezuela en aras de obtener su apoyo y presentarse en Caracas este viernes 9 de enero para tomar posesión de su cargo.
De esta forma se ha pronunciado el Ejecutivo español, asegurando que "la integridad física y la libertad de expresión y manifestación de todos, especialmente la de los líderes políticos opositores, debe ser protegida y salvaguardada"; a pesar de no haber condenado estas acciones en los meses anteriores después de que la represión se recrudeciera tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro no reconoció su derrota.


