La esperada comparecencia de David Sánchez este jueves ante la juez Beatriz Biedma viene precedida de importantes hallazgos que apuntalan su imputación por hasta cinco delitos: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Amén de su sospechoso traslado a Portugal —que, según la denuncia presentada, puede obedecer a "su intención de ahorrarse el pago de los impuestos en España"—, los investigadores han puesto sobre la mesa innumerables pruebas que vendrían a corroborar que su nombramiento como coordinador de conservatorios —dos, separados por apenas 100 metros— fue fruto de un enchufe en toda regla y que "no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido".
Es más, la propia juez ha mostrado sus dudas sobre si realmente desarrollaba la labor para la que teóricamente había sido contratado. "Llama la atención que personal de Alta Dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia", deslizaba Biedma en uno de sus últimos autos.
Por si fuera poco, las primeras comparecencias ante la instructora no han hecho sino añadir más leña al fuego. "La directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez, ha denunciado durante su comparecencia como testigo que han desaparecido emails de su propia cuenta de correo electrónico de la Diputación de Badajoz que ella no ha borrado. Dichos correos estarían relacionados con la contratación de David Sánchez en el año 2017", revelaban a LD fuentes del caso. Un oportuno borrado que recuerda al de los polémicos mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, imputado por la filtración contra el novio de Ayuso.
La testigo aseguraba, además, que, a pesar de que el contrato de David Sánchez sigue vigente en la actualidad, "no ve al hermano del presidente del Gobierno en su puesto desde el año 2023", lo que vendría a dar la razón a los denunciantes, que piden que se le investigue por cobrar más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar.
Las pruebas del enchufe
Hace años que, en Badajoz, se da por hecho que la contratación de David Sánchez fue fruto de un enchufe. Es más, los primeros en denunciarlo, aunque ahora callen, fueron, en 2017, los miembros de Podemos. La denuncia interpuesta por Manos Limpias, sin embargo, ha permitido conocer con detalle cómo se fraguó su polémico fichaje.
Lo primero que llama la atención es que su nombramiento se aprobó justo después de que Pedro Sánchez reconquistase la Secretaría General del PSOE, pero, además, los propios investigadores ponen el acento en el cambio de parecer del responsable último de su nombramiento, el también imputado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y ascendido a líder de los socialistas de Extremadura y hasta vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) .
Según la UCO, a pesar de que, durante la elaboración de los presupuestos del año 2017, el propio Gallardo consideró "excesiva" la propuesta de gasto para cubrir las necesidades de personal, tres días más tarde, el 8 de octubre de 2016, se ordenó la creación de "un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de música" que hasta entonces ni siquiera se había contemplado. Aquello supuso "un aumento de 123.000 euros" en la partida de gasto, que sorprendió a muchos trabajadores.
Una mentira más que demostrada
Así, días más tarde, en la mesa de negociación con los sindicatos, el delegado de CSIF, Francisco Serrano, mostró sus dudas sobre la creación de un nuevo puesto de este calibre para coordinar los conservatorios con unas funciones que antes desempeñaba un empleado que se jubiló, perteneciente al subgrupo A2. "Por lo que entendemos que este puesto de coordinador no requiere la preparación de alta dirección", apuntaba el sindicalista, que aseguraba que "podría gestionarlo otro profesor", sin necesidad de comprometer el elevado gasto que se estaba planteando.
Para justificar tal decisión, la entonces directora de Cultura, Elisa Moriano, alegó que había sido "el director del conservatorio superior", Evaristo Valentí, el que lo había propuesto. Sin embargo, la UCO ha desmontado su coartada con un correo en el que se comprueba que es el aludido el que recibe la noticia de la creación de dicho puesto y añade: "Es de agradecer, pero como necesidades imprescindibles, tengo que insistir, es la de, al menos, un profesor de piano de acompañamiento, y alguien que se encargue más días de la biblioteca, que ahora mismo está sin abrir desde hace bastante".
Arrasó en la fase subjetiva
Pero, además de las dudas sobre la necesidad misma del puesto en cuestión, los investigadores también ponen el acento en el procedimiento mismo por el que el hermano de Pedro Sánchez resultó finalmente el elegido. Su elección no fue fruto de una oposición ni de un concurso, sino de una valoración subjetiva, tal y como recogió su propuesta de contratación, ya publicada por Libertad Digital: "La preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto".
La encargada de firmar el acta en la que se proponía a Sánchez como el "candidato más idóneo" para el puesto fue curiosamente la única política del tribunal, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, que no dudó en deshacerse en elogios hacia el hermano del líder del PSOE.
La coartada portuguesa
Una vez contratado, los denunciantes hacen hincapié en el ya mencionado absentismo laboral en el que habría incurrido, pero también en su traslado a Portugal, que le habría servido como excusa para no pagar impuestos en España, en contra del criterio establecido por la propia Agencia Tributaria. Tal y como explicó Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de dicho organismo, si el principal centro de obtención de ingresos es español, aunque se resida en otro país, se sigue siendo contribuyente español y, por lo tanto, hay que presentar la declaración del IRPF y pagar el impuesto en España.
David Sánchez, sin embargo, no lo hizo y Hacienda intentó colar un informe totalmente exculpatorio que carecía de la más mínima base y hasta firma. La juez exigió que se aclarara la autoría y este mismo miércoles ha interrogado como testigos, con obligación de decir verdad, a los tres señalados: la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño; y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.
Según las fuentes consultadas por LD, todos ellos "han reconocido ser cargos de libre designación y que nunca habían participado en la elaboración de un informe de esas características, porque esta labor no se encuentra entre sus funciones", por lo que habrá que ver si la juez opta por seguir tirando de la manta también en esta dirección.