El plan oficial de control a la prensa y de limitación de la libertad de expresión no ha parado. Y no sólo tira de él el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus apoyos parlamentarios hacen lo propio y ahora le ha tocado a ERC: quiere un mayor control de los contenidos y financiación que incluya un plan de retirada de los contenidos que ERC considere falsos.
El texto elaborado por ERC y registrado ya en el Congreso de los Diputados incluye infinidad de puntos. Entre ellos figura, por ejemplo "sumarse a la Declaración de Ginebra como marco para asegurar los derechos digitales de la ciudadanía y estableciendo una moratoria en el uso de tecnologías de vigilancia y ciberespionaje, tales como Pegasus y Candiru, hasta que no se haya regulado este espacio a nivel europeo. Impulsar la firma por parte de otros estados miembros de esta declaración".
Y también, "crear un laboratorio tecnológico que proteja los derechos humanos de la ciudadanía en el espacio digital y vele por sus derechos de participación política, centrándose especialmente en los ámbitos de la censura y los controles de información de ciudadanos, periodistas y activistas. Este laboratorio podría tomar la forma de Citizen Lab, recibiendo financiación estatal y vinculándose a instituciones universitarias para facilitar la
participación académica".
Control directo al contenido en redes sociales
Pero la parte más relevante es en la que los separatistas apuntan directamente a contenidos en las redes. ERC quiere, para empezar "modificar la Ley 8/2007, sobre la financiación de los partidos políticos, estableciendo un límite a las donaciones hechas por personalidades jurídicas en el ámbito de las nuevas tecnologías y las redes sociales, tanto a partidos políticos como a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de estos partidos". También "implementar una base de datos accesible públicamente con información sobre la propiedad de los medios de comunicación, incluyendo el objeto social de las sociedades participantes y el origen de su capital". Y "regular el mercado de publicidad digital, incluyendo el marketing de influencers, para garantizar la transparencia y evitar técnicas de publicidad oculta".
Pero a ERC no le vale con ello. Quiere un control directo de los contenidos y pide "crear organismos públicos especializados en verificación de datos y emisión de desmentidos oficiales, con la colaboración de técnicos y expertos en «fact-checking"; "incentivar, bajo criterios regulados, la creación de verificadores independientes" y, sobre todo, "establecer acuerdos con redes sociales para identificar, etiquetar y limitar la propagación de contenido potencialmente falso".
Periodismo contra la desinformación
"Potencialmente falso". Ese es el término estrella. ¿Qué significa? Pues que lo que sea denunciado por organizaciones con influencia política -como ERC- o sus terminales pueda ser retirado de la libre circulación.
ERC también quiere teledirigir la investigación periodística: "Crear un programa en el Estado para financiar la investigación y periodismo contra la desinformación, promoviendo la coparticipación de las comunidades autónomas en su diseño y ejecución". Y pretende "impulsar la creación en el Estado de un Código de Buenas Prácticas contra la desinformación que adapte el Código Europeo a las realidades del Estado.
Este código debe incluir un mayor número de actores que el europeo con el fin de representar la realidad de las redes sociales y los medios de comunicación en los diferentes territorios, incluyendo plataformas de verificación y medios públicos de ámbito no estatal. También debe servir para fomentar colaboraciones entre medios públicos y privados para mejorar la verificación de datos y evitar la propagación de noticias falsas". Traducido, que haya más influencia política en la labor de los periodistas.