Alberto Núñez Feijóo reúne durante todo el fin de semana a sus barones regionales en Asturias para abordar el problema de la vivienda. Un cónclave del que saldrán propuestas concretas en una Ley que será registrada en el Congreso de los Diputados, y que van en la línea de dinamizar el mercado, acabar con la okupación y reducir impuestos. El PP se centra en hablar de asuntos sociales en plena embestida del PSOE a la Justicia y cuando Pedro Sánchez intenta dinamitar su poder territorial por varias vías.
El PP anunciaba este sábado que las 11 comunidades autonómas en su poder lanzarían una batería de medidas en materia de vivienda. Entre ellas que extenderían hasta los 40 años la edad con la que se puede acceder a avales de la administración autonómica para adquirir un hogar. Los anuncios irritaban a Moncloa que, en fuentes, lanzaban una inusual arremetida contra Feijóo al que acusaban de "improvisar un ramillete de ocurrencias vacías y medidas que ya existen".
Incluso le acusaban de tomarse "el problema de la vivienda a broma" y tras reprocharle que no apoyase las iniciativas del Gobierno como la ley de vivienda y, en su lugar, se "limitase a improvisar las propuestas vacías". Tras la arremetida, llegaba una convocatoria a un acto de Sánchez con la ministra de vivienda. El evento será este lunes y Moncloa contraatacaba anunciando que casi todo el Gobierno en pleno estará allí.
Hasta ahora, tras la vuelta de las vacaciones navideñas, la vivienda ha sido la gran ausente en la agenda del Gobierno que ha preferido centrarse en su supervivencia.
Después de comprar el discurso de sus socios separatistas sobre un supuesto lawfare, de presentarse como víctima de "la ultraderecha" y de acusar a la oposición de querer tumbarle, Pedro Sánchez registró este viernes, a través de su grupo parlamentario, una Proposición de Ley para acabar con las acusaciones populares en las causas de corrupción que, precisamente, son las que han llevado a todo su entorno a sentarse en el banquillo. La proposición busca la impunidad de Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez. También expulsar la acusación de fiscales contra Álvaro García Ortiz.
La propaganda del Gobierno y sus ‘cebos mediáticos’
Un anuncio que se daba a conocer cuando la actualidad venía marcada por la situación en Venezuela y por la cita del PP en Asturias, dando al traste con el protagonismo que estos dos asuntos podían adquirir en los medios. La entrega de todo el poder a la Fiscalía implica en la práctica que los políticos puedan acabar decidiendo sobre los procedimientos judiciales que les afecten, dado que el Fiscal General del Estado es designado por el presidente y se trata de una institución jerarquizada. Una pretensión, por tanto, de máxima gravedad.
"Sánchez pretende amordazar a los jueces", "quiere blindar su corrupción", "busca su propia impunidad", son algunas de las advertencias lanzadas por los populares en las últimas horas, a cuenta de la iniciativa socialista. Críticas a las que ponía voz la secretaria general, Cuca Gamarra, que se veía obligada a reaccionar sobre este asunto justo cuando daba comienzo en Asturias la cumbre del PP. Un tema, el de la vivienda, especialmente incómodo para el Gobierno, dado que en seis años han agravado un problema que afecta especialmente a los jóvenes, y en el que las CCAA del PP pueden desplegar sus competencias.
La semana venía marcada también por las declaraciones en los juzgados del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y el caso contra el fiscal Álvaro García Ortiz con la comparecencia como testigo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
En medio de este huracán, el Gobierno se desmarcaba con un acuerdo sobre inmigración en Canarias. Lo más probable es que se recurra a la fórmula de decreto ley, y será pactado con el presidente, Fernando Clavijo, de CC. De momento, tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso, dado el rechazo de Junts a apoyar cualquier reparto de menas. Las negociaciones ente CC y PSOE se reactivan sólo unos días después de que los socialistas pidiesen a Clavijo que expulsase al PP del Ejecutivo de coalición autonómico por no apoyar ninguna de las reformas que le habría propuesto el Gobierno de Sánchez.
Reducir el poder territorial del PP
El objetivo es, por tanto, minar al PP para intentar sacarle del gobierno de las islas y reducir así su amplio poder territorial. Los de Feijóo han visto clara la jugada y rechazan este pacto, advirtiendo de que no se trata de un plan global para poner coto a la inmigración, sino de un mero parche por el que el Estado se limita a repartir entre las CCAA a los inmigrantes ilegales que entren en España, sin intentar frenar su llegada e impedir que las mafias les utilicen.
La estrategia del PSOE pasa también por reducir el poder territorial del PP. Bien con mociones de censura, como sucedió en el Ayuntamiento de Jaén con una formación localista. Una fórmula que ahora podría repetirse en la Diputación de Cádiz con el partido La Línea 100 x 100. También está la fórmula canaria, donde el PSOE lleva tiempo pidiendo a Clavijo que expulse al PP del Ejecutivo de coalición autonómico.
La estrategia del Gobierno con el PP se percibe también a través de las candidaturas de distintos ministros para intentar presidir varias CCAA. La última de ellas, María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, disputará a Juanma Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía cuando es la encargada de negociar los PGE, con el cupo catalán como telón de fondo.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda compaginará su labor en el Ejecutivo con su puesto como flamante secretaria general del PSOE de Andalucía hasta que Juanma Moreno convoque elecciones. En el equipo de Montero descartan cualquier adelanto electoral y recuerdan que el PP en Andalucía gobierna con una cómoda mayoría. Montero también mantendría la vicesecretaría general del PSOE durante un buen tiempo manteniendo el foco que le da ser la número dos del partido y el Gobierno con el liderazgo de la oposición en Andalucía.
El PP denuncia que Sánchez aspira a utilizar el poder que le da estar en la Moncloa para arrinconar a su adversario político, en un nuevo uso torticero de las instituciones. "En el PSOE de Sánchez la apología de la corrupción tiene premio", critican los populares, recordando que Montero perteneció a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, indultados después de ser condenados por los ERE, y recibidos entre aplausos por los socialistas.
"En muchos apuros electorales tiene que verse el PSOE en Andalucía para creer que la ministra de Hacienda que ha bendecido el cupo independentista es un buen cartel electoral. Montero es la ministra del cupo independentista y tendrá que explicar en Andalucía por qué los andaluces merecen menos que otros ciudadanos de este país", destacan desde el PP.
Con la salida de Montero, hasta cinco ministros podrían liderar 5 federaciones del PSOE y ser los candidatos en las elecciones autonómicas de 2027. Ya sucede con Óscar López (Madrid), Ángel Víctor Torres (Canarias), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y podría suceder lo mismo si Pilar Alegría logra ganar las primarias en Aragón al joven lambanista Darío Villagrasa.