El PNV ha dejado claro que la no convalidación del decreto ómnibus, que incluía, entre otras iniciativas, la cesión del palacete de París, sede del Instituto Cervantes, así como el traspaso de otras dos propiedades en Noyan y Compans, no anula su transmisión, por lo que el edificio situado en la Avenida Marceau en la capital francesa ya es propiedad de los nacionalistas vascos pese al voto en contra de PP, Vox y Junts.
A pesar de que el decreto haya sido tumbado, eso no les obliga a devolver el edificio con lo que la cesión del inmueble ya es un hecho consumado, y la anulación del decreto no tiene efectos retroactivos sobre la transmisión de la propiedad. Fuentes del PNV han afirmado que la no convalidación de un Decreto-ley provoca "la inmediata cesación de sus efectos y su derogación", pero no anula los efectos generados durante su vigencia. En otras palabras, los efectos del decreto no tienen carácter retroactivo y "ha estado vigente desde su entrada en vigor hasta la próxima publicación en el BOE de su derogación".
Margen de tiempo en el que los nacionalistas vascos habrían aprovechado para inscribir la propiedad a su nombre en el registro, lo que convierte dicha inscripción en un acto irreversible. Al haberse realizado dentro del plazo de validez del decreto, consideran que la cesión ya está consolidada y no puede ser revertida, independientemente de la posterior invalidación de la norma.
Este movimiento no solo representa un paso importante y una reivindicación histórica en la recuperación de un inmueble de gran valor simbólico para los nacionalistas vascos que defienden que ahora está "en manos de su legítimo dueño tras ser incautado por la Gestapo y posteriormente ocupado por el franquismo". Este traspaso también les brinda la posibilidad de obtener un enriquecimiento superior a los 15 millones de euros además de "una renta de mercado" que pagará el Instituto Cervantes para seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030.
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban calificó de "torpe" y "maleducado" a su homólogo del Partido Popular, Miguel Tellado tras reprocharles ser el "partido aprovechategui por aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja". Esteban respondió con dureza defendiendo la postura de su formación frente a los ataques del PP.
Para el nacionalismo vasco esta recuperación es un acto de justicia histórica tras reclamar desde hace varias décadas la propiedad de lo que habría sido utilizado como sede del Gobierno Vasco en el exilio a partir de 1937.
En 2003, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Partido Nacionalista Vasco, quien apelaba a una resolución favorable sobre la propiedad del palacete. Esta decisión surgió después de que el Gobierno de José María Aznar, estableciera que, a pesar de las reclamaciones, no existían pruebas suficientes que acreditaran la titularidad del inmueble por parte del Gobierno Vasco.
