Que da igual quién gobierne en España que el PNV va a pillar cacho es una de las pocas realidades políticas estables con las que podemos contar en este mundo cambiante. Pero como en todo, hay formas y formas. Y la manera que ha encontrado Pedro Sánchez de comprar el apoyo del partido racista vasco a su decreto ley omnibús es especialmente repugnante y pone de manifiesto una vez más la necesidad de reformar el artículo 86 de la Constitución que regula la figura del decreto ley.
Se habrán enterado ustedes: resulta que, en este caso, la compra del apoyo del PNV en el Congreso ha sido más literal que nunca. Consiste en incluir en el decreto ley el regalo no al Gobierno vasco sino al PNV de un palacio parisino del siglo XIX reformado en 2015 y primera sede del Instituto Cervantes fuera de nuestras fronteras. Regalo que incluye un jugoso contrato de alquiler "a precio de mercado" de un millón de euros que pagaría todos los años hasta al menos 2030 la institución del Gobierno central al PNV, no al Gobierno vasco, por el privilegio de ocupar la propiedad. En definitiva, un regalo de 6 millones de euros tras el cual el PNV, no el Gobierno vasco, podrá usar, alquilar o vender el edificio a quien quiera por todo el dinero que le quieran pagar.
Es cierto que la apropiación del edificio por el Estado español en época de Franco es un robo a mano armada. A mano armada de los nazis, en concreto, pues el cambio de propietario en el registro se consumó en 1943. Pero ni siquiera aceptando el relato del propio PNV sobre la propiedad del edificio se puede llegar a la conclusión de que le perteneció alguna vez. Lo ocuparon diversas instituciones relacionadas con el Gobierno vasco y el PNV, sí, pero fue como inquilinos. Aunque el dinero para comprarlo salió de vascos que vivían en distintos países de América con objeto de apoyar la causa nacionalista, lo cierto es que se registró a nombre de una sociedad propiedad de varios particulares, que fueron los expropiados para darle el edificio al Estado español. El definitiva, quien tendría derecho a recuperar ese palacete no sería el PNV, sino los herederos de los accionistas franceses e ingleses de la sociedad que lo poseía.
Aún más llamativo resulta que, a pesar de no haber sido convalidado el decreto por la mayoría del Congreso, el decreto ley estuvo en vigencia desde el momento mismo de su publicación en el BOE hasta la votación, de modo que el PNV se ha dado prisa en pedir el traspaso de la propiedad durante estas semanas y Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Como me explica mi cuñada, que pese a serlo no ejerce como tal al hablar de Derecho, "al ser la traslación del inmueble un acto puntual y no algo sostenido en el tiempo, si se ha consumado la transmisión durante la vigencia de la norma el acto sería definitivo". Habría que ver, por tanto, si la transmisión se ha consumado ya o no, pero si lo ha hecho el PNV sería el dueño del edificio. Lo cual viene a decir que da lo mismo que los decretos ley deban ser convalidados, que si han tenido consecuencias irreversibles durante su vigencia, da igual lo que diga el Poder Legislativo. Una violación de la separación de poderes en toda regla. Quizá menor en comparación con todas las barbaridades que está consagrando el Tribunal de Conde-Pumpido, pero algo que en cualquier caso no deberíamos admitir.
Que se riegue con millones de euros en propiedades inmobiliarias a un partido a cambio de su voto favorable en el Congreso es un acto ilegítimo e injusto que debería ser considerado un delito de financiación ilegal en cualquier jurisdicción seria. Que en España sea habitual es un motivo más para avergonzarnos de nosotros mismos y de la cultura política que nos hemos dado y seguimos apoyando con nuestro voto.
