Hace años que se popularizó en internet el término "charo" para referirse a un fenotipo muy particular de nuestra sociedad y que se podía resumir como una mujer de mediana edad, soltera o divorciada, sin hijos, amargada y quemada por la vida, con un tinte de pelo de algún color tan poco natural como el azul o el verde; una de esas funcionarias que está más tiempo desayunando que haciendo como que trabaja y cuya vida diaria resumió Nacho Raggio con tres palabras: whiskas, satisfyer y lexatin.
De ahí surgió tiempo después el concepto de charocracia, que sería aquel régimen regado de todo tipo de leyes discriminatorias para el varón bajo la influencia directa en las instituciones y el discurso públicos de las charos, que naturalmente votan a la PSOE porque son los buenos. La charocracia es la que aprueba la ley del sólo sí es sí y presiona para que se condene a Dani Alves, porque las mujeres siempre dicen la verdad aunque su acusadora mintiera. La charocracia es la que indulta a criminales como María Sevilla, porque considera que debe privilegiar a las mujeres adultas por encima de los hombres y los niños de ambos sexos, cuyo bienestar debe quedar siempre supeditado al interés superior de la charo.
Uno de los más claros ejemplos de cómo funciona la charocracia fue la condena a Dani Alves. No, no voy a decir si es o no culpable, porque al contrario que nuestras charos, no tengo ni idea. No la tenía cuando fue condenado ni la tengo ahora que ha sido absuelto. Pero lo cierto es que no había pruebas del delito más allá de la declaración de la víctima y esta se contradecía con algunas pruebas objetivas. Se supone que en España sólo se puede aceptar que la declaración de la presunta víctima permita condenar al acusado si cumple con tres requisitos: resumiendo, que no existan motivos espurios para la acusación, que la incriminación persista en el tiempo sin ambigüedades ni contradicciones y que sea verosímil, es decir, que sea lógica y coherente y sea corroborada por hechos objetivos; algo que no sucedía en este caso.
Pero nuestra charocracia, de un tiempo a esta parte, ha permitido relajar enormemente estos requisitos en muchos casos de violencia sexual y de pareja, dejando a los hombres implicados en la cárcel por acusaciones que cambiaban a cada paso del proceso, que estaban contaminadas por motivos como la pretensión de la custodia exclusiva de los hijos o el deseo de no aparecer como una cualquiera o que se contradecían con algún hecho objetivo, momento en el cual el juez decidía que podía "parcelar" la declaración, considerar mentira la parte que se sabía que era mentira y estimar el resto, sobre el que no hay otros testigos ni pruebas, como cierto. Esto último fue lo que le pasó a Dani Alves.
La presunta víctima aseguró que sufrió acoso e intimidación por parte del futbolista antes de entrar al baño donde ocurrieron los hechos y el vídeo de seguridad la desmintió. También aseguró no haberle hecho una felación y un frotis bucal encontró restos del semen de Alves. Afirmó que había sido violada en una posición determinada y las huellas dactilares en el retrete la contradicen. Había, en definitiva, indicios más que sobrados para considerar que su testimonio no era verosímil, pero aún así la jueza, no sabemos si porque creía tanto a la denunciante que decidió saltarse la jurisprudencia y la presunción de inocencia por el forro o porque no pudo escapar de la presión social que exigía una condena, decidió condenar al futbolista. Que podría ser culpable, ojo. Pero lo que explica de forma rotunda y por unanimidad el TSJC es que sólo con ese testimonio no se le puede condenar. Lo que en el resto de delitos no afectados por la charocracia se llama presunción de inocencia, vamos.
Lo normal sería que Alves cogiera un avión hoy mismo y no volviera jamás. Porque podría ser que, siendo su caso especialmente mediático, instancias superiores decidieran darle la vuelta con cualquier excusa, como hace rutinariamente el Tribunal de Conde-Pumpido. Como prueba, su último desatino: darle la razón a una madre que secuestró a su hijo llevándoselo de la ciudad donde vivía su padre con la excusa de una denuncia, falsa, por violencia de género contra éste. Es cierto que el caso nunca habría llegado al TC si jueces y fiscales hubieran cumplido su obligación de denunciar a la madre por acusar falsamente al padre de su hijo con motivos espurios. Pero vivimos en una charocracia. Hace falta tener mucho valor y energía para enfrentarse a ella. Por eso es importante hacer ruido contra todas las formas en que las charos destruyen la convivencia y el Estado de derecho. Para que quienes tienen algo de poder para enfrentarse a ellas puedan hacerlo sin necesidad de ser el más valiente entre mil.