La semana pasada, tras la derrota parlamentaria del decreto ómnibus, el Gobierno puso en marcha la máquina de los argumentarios políticos. El combo que salió culpaba casi exclusivamente al PP de no convalidar el Real Decreto y, con ello, de la no revalorización de las pensiones.
Este giro en la narrativa gubernamental vino tras el revés en el Congreso, donde la incapacidad para asegurar una mayoría suficiente con su socio Junts dejó al Ejecutivo en una posición vulnerable.
Ante este golpe, se optó por una estrategia comunicativa para intentar reorientar la opinión pública contra el PP, al que se le culpaba casi en exclusiva de la no convalidación del Real Decreto y de la caída casi automática de las medidas.
Muchos, incluso alguno dentro del PSOE, comenzaron a arquear la ceja al ver una estrategia de tintes electoralistas, con un Ejecutivo asediado por varios frentes que está en la Moncloa pero que apenas tiene margen para gobernar. La estrategia no duró ni una semana, pese a que, en esta ocasión, iban a movilizar en la calle a los sindicatos como correa de transmisión de su mensaje de opinión sincronizada.
En el PSOE hay algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ven a Sánchez "en un laberinto" del que "no sabe salir". En otras federaciones más afines al secretario general no creían que la sangre llegase al río. "No sé lo que va a pasar en 2026, pero este año no veo ningún adelanto", anticipaban. El runrún se empezaba a instalar en la calle y en el partido así que el viernes Sánchez terciaba y anticipaba que no habría elecciones. Claro, que también estuvo diciendo hasta este lunes que no iba a trocear el ómnibus pese a que las negociaciones con Junts seguían.
La interlocución volvía al Gobierno tras ver como la semana pasada el secretario de organización, Santos Cerdán, y su escudero, Juanfran Serrano, acudían hasta Waterloo en un vano intento por reconducir las relaciones. En el encuentro también participó por videoconferencia el expresidente Zapatero.
Intereses mutuos
Sánchez necesita a Puigdemont, y el prófugo, aunque no lo admita, necesita que el socialista siga en la Moncloa. Este vínculo entre el presidente del Gobierno y el líder de Junts es crucial para la estabilidad del Ejecutivo. A pesar de las tensiones y las críticas internas, ambos tienen un interés común en mantener la situación como está, al menos hasta que se resuelvan cuestiones clave relacionadas con la ley de amnistía.
El PSOE es muy hermético en sus negociaciones con Puigdemont. Lo que todo el partido sabe es que el líder de Junts quiere volver a vivir en Cataluña y, para ello, es necesario que la ley de amnistía deje de estar encallada en el Supremo. Necesita que el Constitucional dé luz verde a la norma. A esto se suma el riesgo de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita una cuestión prejudicial que examine si esta ley podría entrar en conflicto con el derecho europeo, lo que podría alargar aún más el proceso y poner en peligro el acuerdo entre el Gobierno y Junts.
Puigdemont necesita tiempo y Sánchez quiere estar en la Moncloa durante esa espera. Los intereses de ambos coinciden en ese punto. El tiempo también será clave para el devenir judicial de Sánchez. En el PSOE siguen confiados en que el tiempo absolverá a Begoña Gómez y al hermano del presidente, pero las causas judiciales contra el entorno de Sánchez no dejan de crecer. Ahora queda por ver si el caso Hidrocarburos se le complica más al PSOE, lo que podría generar nuevas fricciones internas y aumentar la presión sobre el Gobierno.
En el Gobierno siguen con la hoja de ruta de presentar los Presupuestos, pero ya estamos a finales de enero y no han conseguido ni un principio de acuerdo sobre el techo de gasto. Junts se mueve en el decreto "social", como le han dado en llamar en el Ejecutivo, y puede que también se avancen en las cuestiones económicas que han quedado fuera de este ómnibus pero no parece que haya avances significativos de cara a las Cuentas.
