Las últimas semanas en Moncloa han sido un constante ir y venir de documentos entre los ministerios de Presidencia y Justicia, Exteriores, Interior y Seguridad Social. De los técnicos se pasa a la Abogacía del Estado, y de ahí, el expediente llega a Moncloa. El objetivo es compatibilizar las exigencias de Junts en materia de inmigración con la Constitución, que establece que las competencias sobre fronteras son de ámbito nacional, al tiempo que se trata de evitar la desconfianza de Frontex respecto a la incorporación de un nuevo cuerpo policial.
Una vez perfeccionado el documento, éste se envía a Waterloo. La transferencia de competencias sobre inmigración a Cataluña está en manos de un inmigrante en Bélgica, prófugo de la justicia española, que busca que el Gobierno catalán pueda expulsar a los inmigrantes que cometan delitos y que la policía autonómica asuma el control de las fronteras.
En el entorno de Moncloa se cree que el acuerdo está "avanzado" y que en los próximos días podría cerrarse. Aunque subrayan que no hay una fecha límite, prefieren no demorarlo demasiado, ya que esperan que esta transferencia facilite un posible pacto presupuestario y sirva también para aprobar el acuerdo de distribución de los 4.400 menores no acompañados varados en Canarias, del cual quedarían excluidos el País Vasco y Cataluña.
En el Gobierno defienden que "se trata de un tema de equilibrio" y "no de exclusión", argumentando que, según sus datos, el Ejecutivo catalán ya ha acogido al 25% de todos los menores no acompañados, frente al 10% de Madrid.
Mossos a la frontera
La última oferta de Moncloa a Junts ha superado una de las líneas rojas: el control de las fronteras. Hasta ahora, el Ejecutivo se había opuesto a que los Mossos d’Esquadra se encargaran de la vigilancia fronteriza. Más tarde, accedieron a que el cuerpo de Trapero pudiera revisar pasaportes en el aeropuerto de El Prat. Ahora, admiten que la Guardia Civil y la Policía Nacional podrían "delegar" el control de los puestos fronterizos y las aduanas terrestres y aeroportuarias a la policía catalana.
Esta cesión sería parcial, ya que los Mossos utilizarían los mismos softwares de registro que los cuerpos estatales, y por el momento, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional desaparecerían completamente. Ante Frontex, los cuerpos de referencia seguirían dependiendo del Ministerio de Interior, aunque el objetivo es que cualquier extranjero que entre por Cataluña el primer agente que vea sea un Mosso d’Esquadra.
Esta es la parte más espinosa de un acuerdo que incluiría otras transferencias en materia de inmigración. En Junts ya se han puesto en alerta y han exigido que no sea un "café para todos", al temer que el Ejecutivo quiera una reforma de una ley orgánica para transferir estas competencias a otras comunidades autónomas. Esta sería una manera de camuflar la cesión y agradar al PNV, pero en Junts buscan exclusividad para presentarlo como un triunfo y, de paso, exhibir mayor firmeza en materia de inmigración.