Cercado por el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos recurre ahora la decisión del magistrado Leopoldo Puente de ordenar una investigación patrimonial sobre él y su hijo, además de poner el foco en las comunicaciones con Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. El exministro se queja así de que el juez busque indagar en su "vida y obra" con el objetivo, dice, de llevar a cabo "una revisión general" de su actuación "para ver si, en el curso de dicha indagación, existen otros delitos que puedan ser descubiertos".
Además, y en línea con el Gobierno, Ábalos arremete contra el juez, a quien acusa de actuar con "una pérdida de objetividad e imparcialidad" por tener "una predisposición a celebrar una comparecencia que no ha sido solicitada por las partes", dice en referencia a la citación del próximo 20 de febrero. "Existe ya una animosidad a celebrar una actuación procesal de naturaleza grave, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado", resalta.
De la misma manera, el exministro también aprovecha para cargar contra la UCO, a quien acusa de venirse "extralimitando en el ejercicio de sus funciones", actuando con "inquina" contra él.
En defensa de su hijo, Torres y Cerdán
Particularmente indignado se muestra con la posible implicación de su hijo, Víctor Ábalos, quien, según Aldama, habría mediado en determinados pagos, así como en la transmisión de algunos inmuebles, como el famoso piso de la Castellana. A pesar de dichas acusaciones, el exministro insiste en que su hijo "no ha tenido ninguna participación en la realización del hecho delictivo objeto de investigación (...), ni tan siquiera como responsable civil subsidiario", por lo que considera que la indagación de su patrimonio forma parte de una "inquisitio generalis".
Además, se queja de que el juez haya ordenado tales diligencias "sin darle la oportunidad de personarse en las actuaciones como testigo". En la misma línea, llama la atención que el exministro se queje de la supuesta indefensión a la que se estaría condenando a Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán, al querer fiscalizar sus comunicaciones "sin darles la oportunidad de defenderse y sin tan siquiera solicitar un suplicatorio".
"Fising expedition"
Con todo, José Luis Ábalos centra ahora su defensa en acusar al juez Puente de llevar a cabo "lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan 'fishing expedition' contra el investigado". Así, recuerda que el Tribunal Constitucional ha incluido dentro del derecho a un proceso con todas las garantías la prohibición de la 'inquisitio generalis', y añade que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales "afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derecho".
En concreto, explica que en el auto del instructor Leopoldo Puente la supuesta investigación prospectiva se refleja en la "muy amplia y genérica" investigación patrimonial que se quiere realizar sobre Ábalos, habida cuenta que "no determina el periodo de tiempo que abarca" ni para él ni para su hijo Víctor Ábalos. "La investigación patrimonial acordada se refiere a la fecha objeto de investigación de este proceso, o acaso, a la fecha en que Ábalos se hizo cargo del ministerio o, se extiende la investigación al momento que inició su carrera política", se pregunta.
Cabe recordar que dicha estrategia es así la misma a la que ya se aferraron, sin éxito, tanto Begoña Gómez como David Sánchez. Sin embargo, en el caso de la mujer de Pedro Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid fue tajante al respecto. "La instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos", sentenció; razón por la cual, esgrimieron los jueces, no ha lugar para hablar de una investigación "prospectiva".
17 testigos
Otra de las razones que han llevado a José Luis Ábalos a recurrir la decisión del Supremo es la citación de hasta 17 testigos "sin que se conozcan las circunstancias y motivos" para esas testificales, denuncia el exministro, que asegura que ninguno de ellos tendría que ver "con el objeto de la presente investigación", en referencia a las las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia de coronavirus.
"Es por ello que, de mantenerse el llamamiento en calidad de testigo y al objeto de que todas las partes podamos tener conocimiento previo a la comparecencia ante el magistrado instructor, se nos indique por cada uno el motivo de su citación y si está comprendido dentro de la investigación que se sigue llevando ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional", solicita. En este sentido, advierte de que, en caso de que no se les expliquen los motivos de estas citaciones, se ocasionarían "situaciones sorpresivas" y se produciría "una indefensión" y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.