La subcomisión para la renovación y actualización del pacto de Estado en materia de Violencia de Género ha aceptado una reclamación sindical basada en un plan para que los delegados sindicales participen de manera activa en la prevención y detección de posibles casos de violencia de género. Es decir, que los sindicatos podrán detectar, denunciar y "participar en el apoyo a las víctimas y el seguimiento y tratamiento de su situación, siempre con el máximo respeto a la protección de datos y la confidencialidad".
En concreto, la propuesta consiste en "comunicar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de cara a su seguimiento, los casos de violencia de género identificados en las empresas cuando las víctimas sufran perjuicios laborales o económicos por bajas o ausencias", señalan desde CSIF.
Y los sindicatos piden un mayor control aún por parte de sus delegados: "La medida debería ir acompaña de la creación de la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y lucha contra la violencia de género, cubriendo así un vacío asistencial en el ámbito laboral", señalan desde CSIF.
Más cambios adicionales
Los sindicatos esperan conseguir otros cambios adicionales como, por ejemplo, "promover el protocolo de Movilidad para empleadas públicas víctimas de violencia, promoviendo su utilización en todos los casos, implicando en su difusión a los/as representantes sindicales". También pretenden "garantizar, a través de una implicación más activa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que las empleadas víctimas de violencia que se acojan a su derecho a la movilidad, no vean afectada su promoción profesional o mermados sus ingresos y que se preserve la confidencialidad".
Y, en la misma línea, han pedido cambiar "la estadística de este tipo de situaciones, el desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad en las diferentes administraciones públicas, promover el uso del teletrabajo solicitado por la propia víctima, implantar medidas y protocolos contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo en las empresas, entre otras medidas".
También en el ámbito laboral, "se contempla promover cuotas de reserva en los programas de empleo de las administraciones públicas para mujeres víctimas de violencia de género y potenciar y reforzar las medidas de formación e inserción laboral, las ayudas, los incentivos a la contratación y otros beneficios para promover la autonomía económica de las mujeres víctimas".
Y todo ello quedará bajo control de los sindicatos.