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La izquierda enloquece tras perder el control de las redes sociales y reclama una red pública de la UE

La izquierda sigue buscando el control pleno de las redes sociales, lo necesita como mecanismo de ingeniería social y adoctrinamiento.

La izquierda sigue buscando el control pleno de las redes sociales, lo necesita como mecanismo de ingeniería social y adoctrinamiento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por teléfono. | Europa Press

La izquierda sigue buscando el control pleno de las redes sociales, Lo necesita como mecanismo de ingeniería social y adoctrinamiento y ve con preocupación la nueva etapa en las grandes tecnológicas. Por eso, ERC ha tenido una idea: una red social pública. Al más puro estilo del control del comunismo chino.

El plan pasa por "impulsar la creación de una Red Social de interés e iniciativa pública de ámbito europeo, con posibilidad de financiación por parte de la Unión Europea y los Estados miembros, coparticipación público-privada y colaboración multinivel entre administraciones y agentes sociales, bajo controles parlamentarios democráticos y con pleno respeto a la protección de datos, la transparencia algorítmica y la libertad de expresión". Según ERC, "esta propuesta debe llevarse a debate en el marco de la negociación presupuestaria de la UE y ante la Comisión Europea". Nada más y nada menos.

Ley de Mercados Digitales

Los socios del PSOE quieren también "adoptar las modificaciones oportunas de normativas estatales e impulsar el desarrollo y, en su caso, la reforma de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y cualquier otra normativa internacional para garantizar la imposición de sanciones más severas a las grandes plataformas digitales que incumplan sus obligaciones, especialmente en lo que respecta a la moderación de contenidos, el uso de algoritmos opacos y la desinformación".

También "instar a la Comisión Europea a desarrollar medidas para garantizar la integridad electoral ante la manipulación informativa en línea, incluyendo la obligación para las VLOPs de adoptar cambios en sus sistemas de recomendación y reforzar los mecanismos de verificación de la información". Y, como complemento, "instar a la Comisión Europea a adoptar un enfoque holístico del ‘‘Escudo de la Democracia Europea’’, que incluya una implementación sólida de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA o la Ley Europea de Libertad de Medios, intensificando la acción y la coordinación en el ámbito de la alfabetización mediática, la verificación de hechos y el apoyo al periodismo independiente como componentes esenciales de la democracia". Por "independiente" se refiere, obviamente, a los que ellos ven como independientes, es decir, los que le dan la razón.

Vigilancia masiva

ERC avanza en su plan de control de redes y medios: pide "limitar el uso de publicidad personalizada basada en la vigilancia masiva y la recopilación de datos personales excesivos o innecesarios, restringiendo así la capacidad de las grandes plataformas para explotar la información privada de los usuarios con fines comerciales"; "restringir el alcance del diseño adjetivo de las plataformas digitales, prohibiendo prácticas como el scroll infinito y otros mecanismos destinados a maximizar el tiempo de permanencia en línea sin considerar el impacto en la salud mental"; y "apoyar la creación de sistemas de recomendación y redes sociales alternativas, basadas en protocolos libres e independientes, que permitan una experiencia digital más plural, democrática y transparente". De nuevo, obviamente, se refiere a inyectar los contenidos que ellos, como partido político, ven recomendables para la población.

Por último, ERC quiere "garantizar y financiar la presencia de verificadores y equipos independientes de moderación de contenidos, formados y arraigados en cada Estado miembro y en los diferentes idiomas, con criterios transparentes y supervisión pública, para evitar sesgos discriminatorios y garantizar una aplicación justa de las normas comunitarias". E "impulsar las modificaciones normativas oportunas para garantizar que las administraciones públicas tengan conocimiento de todos los parámetros, normas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial con el fin de analizar su legalidad y evaluar su impacto social".

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