Las dos últimas semanas han puesto de manifiesto el alto coste de las investiduras del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalidad catalana. El precio a pagar a las formaciones separatistas que dieron el golpe de Estado de 2017 y ahora controlan a su antojo la gobernabilidad de España es la propia presencia de España en Cataluña. El desmantelamiento del Estado en la región es una evidencia palmaria en medio de una competición entre ERC y Junts per Catalunya por ver quién arranca más cesiones, concesiones y traspasos al Gobierno de Pedro Sánchez.
Hace dos semanas era el presidente de ERC, el indultado Oriol Junqueras, el encargado de anunciar una quita de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 17.104 millones de euros, el 22% de dicha deuda. Junqueras declaraba ufano que había arrancado al Gobierno un 2% más de lo previsto en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. En paralelo, la comisión mixta entre el Gobierno y la Generalidad para asuntos económicos y fiscales engrasaba la participación de la "Agencia Tributaria de Cataluña" en la recaudación de la renta para este año como ensayo para que asuma por completo la gestión y recaudación del IRPF del siguiente.
Otro de los acuerdos de la comisión fue que la Generalidad se haga cargo ya del impuesto de matriculación, paso previo para la recaudación de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Las medidas tributarias, a diferencia de la quita del FLA, responden al acuerdo de investidura de Salvador Illa con los republicanos.
En paralelo, ya han comenzado los trabajos para el traspaso del servicio de cercanías de la Renfe en Cataluña, una transferencia que implica la creación de otra empresa pública y que sume a los trabajadores de Renfe y Adif en la más absoluta inseguridad jurídica y laboral. De hecho, los sindicatos ya han anunciado una huelga para la segunda quincena de este mes y principios de abril.
Y si la semana pasada fue la de ERC, esta es la Junts con el anuncio del traspaso de las competencias en inmigración y el control de las fronteras, todo ello negociado en Suiza y con la mediación del diplomático salvadoreño Francisco Vélez Galindo. Como se recordará, este mediador solicitó a Junts la retirada de la proposición no de ley para que Pedro Sánchez se sometiera a un cuestión de confianza en el Congreso a fin de no romper las negociaciones que socialistas y separatistas mantienen en Suiza.
En su comunicado, Vélez Galindo señalaba que "consciente de la trascendencia política que puede comportar la aprobación de esa iniciativa parlamentaria (la cuestión de confianza) para el proceso de negociación, he pedido a Junts per Catalunya que considere retirar tal propuesta ante el escenario que se abre en las próximas semanas en relación con los temas más sensibles que se han estado trabajando hasta la fecha".
Entre esos temas, el traspaso de las competencias en inmigración y el control de las fronteras que se cerró el lunes y se ha vendido este martes por parte de Junts como un hito. Y es que según ha señalado el prófugo Carles Puigdemont, "se trata de competencias que normalmente ejercen los Estados".
Pero esto no es todo. El acuerdo de investidura de Sánchez contempla también la cesión a la Generalidad de los edificios de titularidad estatal en la región tales como la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana o el cuartel del Bruch. En el acuerdo entre el PSOE y ERC consta bajo el epígrafe "Inmuebles" que "se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y a desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario, entre las dos administraciones, para ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público".
Y la imposición del catalán
A todo esto hay que añadir el endurecimiento de las políticas lingüísticas de la Generalidad con el decidido concurso del PSC, dispuesto a exigir a los sanitarios un certificado de conocimiento de la que llaman "lengua propia" para poder ejercer en Cataluña. Todo ello con la excusa del supuesto descenso del uso del catalán que reflejan las encuestas encargadas por la Generalidad y por entidades de corte independentista. El traspaso de la inmigración permitirá además a la Generalidad incluir el conocimiento del catalán como requisito imprescindible para el arraigo de la población inmigrante. Mientras tanto, el Gobierno negocia en la Unión Europea que el catalán sea idioma oficial, otra de las condiciones impuestas por Puigdemont para mantener a Sánchez en la Moncloa.