La documentación en poder del Supremo refleja conversaciones de Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, con la trama en junio de 2020. Esos contactos se entablaron con el objetivo de que la mano derecha de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayudara a la trama a gestionar el aplazamiento de la deuda de sociedades vinculadas a Víctor de Aldama, Koldo García y demás. Aldama, además, acusó a Moreno de haber cobrado 25.000 euros por las gestiones. Moreno ha negado el cobro de la comisión ilegal, pero no sus contactos con Aldama y tampoco ha negado que encargara a un asesor suyo que trasladara a la Agencia Tributaria la petición del aplazamiento de la deuda fiscal de una sociedad de la trama. De hecho, ha dado hasta el nombre del asesor.
Pues bien, Moreno adquirió un inmueble en fechas muy cercanas a esa gestión. En concreto, lo escrituró el 16 de marzo de 2020. Aldama ha insinuado que el pago denunciado se hizo para ayudarle a pagar ese inmueble. Es más, el propio Moreno ha admitido en sede judicial que pidió asesoría a Aldama para comprar el piso. Y lo cierto también es que la fecha de la compra del inmueble es muy cercana a la gestión fiscal realizada por Moreno: tan sólo tres meses antes y cuando ya estaban en contacto la trama y el jefe de gabinete de Montero.
Moreno ha admitido ante el Supremo algo que nunca debería haber ocurrido: injerencias políticas en la Inspección, en la Agencia Tributaria. Él ha asegurado que no fueron directas, como si eso eximiera de la responsabilidad de haber lanzado una gestión políticamente. Porque si una empresa quería un aplazamiento de una deuda fiscal lo que debería hacer según la ley es tramitarla ante la Agencia Tributaria, no tras pasar por el gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Gestiones inmobiliarias con Aldama
Pero es que Moreno también ha admitido ya que hubo gestiones inmobiliarias con Aldama. Moreno ha confirmado contactos vía telefónica y vía presencial con Aldama. Encuentros que ha dicho que con elevada probabilidad se pudieron producir en la sede del Ministerio de Montero. También ha reconocido que parte de esas comunicaciones tienen que ver "con un piso" que él pretendía adquirir. Que la compra se escrituró el 16 de marzo de 2020. Y que recurrió a Aldama por los supuestos conocimientos inmobiliarios de Aldama. Todo ello, más las gestiones para el aplazamiento de la deuda reclamada por la trama, se produjo en tan sólo tres meses.
Y es que la declaración de Carlos Moreno ante el Supremo incluye fragmentos de una enorme gravedad.
El juez le preguntó si conocía a Víctor de Aldama y lo admitió sin rodeos. También fue preguntado por sus funciones y la descripción incluyó la asistencia directa a la vicepresidenta, la dirección de un gabinete compuesto por profesionales de distintos ámbitos, la revisión de la documentación que va al Consejo de Ministros, de discursos, preparación de notas, informes, gestión de la agenda ministerial y la negociación con los grupos parlamentarios o interlocución con otras administraciones (CCAA y ayuntamientos). Ni rastro de hablar con los inspectores de la Agencia Tributaria —ni directamente ni por medio de asesores— para nada, porque no puede tener esa función debido al estatuto de independencia obligatoria de la Agencia Tributaria. Pero la admitió.
Injerencia en la Agencia Tributaria
Sobre Aldama fue a más. Dijo que creía recordar que Koldo le pasó su teléfono y le pidió que le llamara. Y no llegó a descartar reuniones. De hecho, admitió contactos durante un tiempo, tal y como lo definió Moreno.
La declaración admitió igualmente conversaciones sobre un edificio que tenía en venta el Ministerio de Hacienda en María de Molina, sobre la devolución del IVA a un determinado contribuyente, y llegó a las gestiones de un aplazamiento de deuda tributaria. De hecho, el propio Moreno reconoció que no tenía "potestad" para ello. Pero admitió que dio "traslado al organismo correspondiente", la AEAT. Para, según él, que tuvieran conocimiento los inspectores en cuestión. Y eso implica una comunicación con la Agencia Tributaria.
Hay que recordar que el aplazamiento de la deuda solicitado para una de las empresas de la trama del PSOE se concedió. Dicho de otra manera, cuando menos, traslado del asunto y conversación hubo. ¿Fue determinante para lograr el favor fiscal? Aún no se sabe, pero sí que se rompió la exigencia legal de que el Ministerio no tenga vía posible de injerencia en la Agencia Tributaria.