Este martes, sólo unas horas después de conocerse el acuerdo con Junts para cambiar los criterios a la hora de repartir los menores inmigrantes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantenía en una sala del Senado un discreto encuentro con el portavoz de Junts en la Cámara Alta, Eduard Pujol. "Los acuerdos llaman a los acuerdos", respondían en el Ejecutivo de forma enigmática.
Lo cierto es que, tras la proposición de ley, registrada por PSOE y Junts, para "delegar" el control de fronteras y la política de inmigración a Cataluña, ahora Moncloa vuelve a ceder ante Puigdemont con un cambio en el artículo 35 de la ley de Extranjería que busca beneficiar a Cataluña por "su esfuerzo hecho a lo largo de los últimos años" y que, como recordaban los separatistas, se traducirá en que su comunidad apenas acogerá a 30 menores inmigrantes frente a los más de 700 que, según Junts y el Gobierno no ha desmentido, llegarán a Madrid. Nuevamente, Junts vuelve a imponer al Gobierno su política sobre inmigración.
Tras la capital, la segunda comunidad más afectada será Andalucía y después la Comunidad Valenciana. Las tres del PP. Por contra, los socialistas solo gobiernan cuatro comunidades: dos pequeñas (Asturias y Navarra), otra mediana pero con 5 provincias y poca densidad de población (Castilla la Mancha) y la gran beneficiada, Cataluña. Aunque las cifras definitivas se conocerán el día 31, las primeras estimaciones señalan que todas las comunidades gobernadas por los socialistas acogerán en total a unos 650, menos de los más de 700 que tendrá que absorber en su totalidad Madrid.
Esto obligará a las CCAA populares a crear un nuevo frente común contra el reparto anunciado por el Gobierno, que consideran además desleal por haberse anunciado apenas horas después de que se reuniera la Conferencia Sectorial sin haber presentado una sola propuesta. Desde el Gobierno, lanzan balones fuera y aseguran que el acuerdo lo alcanzó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, de madrugada y que por eso no pudieron presentar nada hasta el Consejo de Ministros.
A partir de ahora, la batalla será judicial. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado recurso ante los tribunales, que también estudian presentar otras regiones. Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla y León o Galicia rechazan de plano el acuerdo dada la saturación para sus territorios, además de ser un reparto absolutamente "desigual y partidista".
¿Se puede no cumplir?
La cuestión es si pueden desobedecer a una ley que saldrá este miércoles en el BOE y que el Gobierno piensa convalidar en el Congreso antes de la primera quincena de abril. Fuentes del Ejecutivo sentencian que "la ley hay que cumplirla con régimen sancionador o sin él". En principio, la norma no contempla multas a los que la desacaten pero en el Ejecutivo no descartan añadir una disposición adicional si hay una rebelión.
En Génova son conscientes de la dificultad de sortear la norma. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, admitía en rueda de prensa que todas las regiones deberán cumplir la ley, si logra pasar el filtro del Congreso, lo que deja a los presidentes del PP con pocas opciones. Aún así, el partido advierte de que no acogerá más inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías". "Son personas a atender, no paquetes a recepcionar", señalan desde Génova.
La formación "analizará de manera crítica" el decreto anunciado, sin descartar ninguna actuación, y defiende que "si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad, las autonomías del PP no podrán colaborar en su adaptación en nuestro país" ."El Ejecutivo ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad", critican desde la dirección nacional del partido, recordando que su posición es la pactada entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que acogía de buen grado el pacto del PSOE con Junts al descongestionar Canarias.
¿Cumplirá Mazón con Vox?
El acuerdo entre Sánchez y Puigdemont llega solo un día después del pacto entre Mazón y Vox para sacar las cuentas de la Comunidad Valenciana a cambio de no acoger menores inmigrantes. Solo 24 horas después, en el PP recordaban las críticas del PSOE que todavía acaparaban titulares, tildando de "racista" el acuerdo del presidente valenciano con los de Abascal. Unas frases que pronunciaron mientras negociaban con Junts que Cataluña apenas acogiese menas.
Un acto de hipocresía para el Gobierno Valenciano donde no ven peligrar su acuerdo con Vox. Fuentes de la Generalidad trasladan que, dado que todas las CCAA del PP han dicho que no aceptarán más repartos impuestos, no ven peligrar su acuerdo con los de Abascal.
Todo pese a que la sucesión de acontecimientos por parte de Moncloa parece destinada a haber aprovechado su pacto con Junts para minar a Mazón e impedir que saque adelante los presupuestos. Algo que en Moncloa descartan: "Es una casualidad, llevábamos meses negociando".
Alcaldes socialistas contra los centros de MENA
Aunque, cuando se baja al terreno de lo concreto, todo se complica. Un ejemplo sucede en Madrid. El alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, lleva meses liderando la oposición a la construcción de un centro de menas que tendrá una capacidad de 94 personas. El regidor socialista, uno de los bastiones de la izquierda en la Comunidad de Madrid, llegó incluso a llevar al pleno que se rebautizase la instalación, que se llama la Cantañuela, como "Isabel Díaz Ayuso", a la que culpa de querer llevar a los menores a su localidad.
Ayala, que fue uno de los valedores de Óscar López para que el ministro se hiciese con el control del PSOE de Madrid, verá ahora cómo buena parte de los 700 menores podrían acabar llegando a Fuenlabrada. En el Gobierno excluyen a este alcalde de las críticas porque es el "terreno de lo municipal" y recalcan que su batalla es contra los ejecutivos autonómicos, conscientes que en lo local "todo se difumina". Habrá que ver si los votos al PSOE en esta localidad, y en regiones como Madrid, se mantiene o también se "difuminan".