La iniciativa fue respaldada por todos los aliados del Ejecutivo, mientras Vox votó en contra y el Partido Popular se abstuvo, tras proponer sin éxito que la norma se aplicase a cualquier asociación que glorifique regímenes totalitarios, sin distinción ideológica.
La reforma modifica la ley orgánica del derecho de asociación para incluir como causa de disolución la apología del franquismo, alineándola con la controvertida ley de memoria democrática promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Pese a su carga simbólica, la medida no afectará a la Fundación Francisco Franco, ya que esta figura jurídica no entra en el marco de la ley aprobada. No obstante, el Gobierno ha anunciado su intención de solicitar su disolución por la vía judicial en aplicación de otro apartado de la misma ley.
Desde sectores conservadores se denuncia una nueva muestra de sectarismo ideológico, mientras el Gobierno sigue utilizando la memoria histórica como herramienta política y divide a la sociedad en lugar de unirla.