El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a no pasar por el Congreso de los Diputados para lograr el aval del legislativo a su plan de defensa, a pesar de que fue otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que aprobó en 2005 la Ley de Defensa Nacional que así lo exige. Sin embargo, la minoría parlamentaria del Ejecutivo y la amenaza de ruptura de su socio le colocan en una situación muy comprometida.
Después de sostener buena parte de su primer mandato en el No a la guerra de Irak y de sacar las tropas del país de manera abrupta, el expresidente aprobó una ley para forzar a que todas las decisiones sobre defensa tuviera que obtener el aval de las Cortes, cosa que ahora no cumple el actual jefe del Ejecutivo.
El artículo 4 es muy claro y en su punto b afirma que el Congreso debe autorizar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes. En el C añade que las Cortes Generales deben "debatir las líneas generales de la política de defensa" y que el Gobierno debe "presentar las iniciativas correspondientes, singularmente los planes de reclutamiento y modernización".
Sin embargo, el Gobierno pretende saltarse todos estos preceptos para no llevar al Congreso su Plan de Seguridad y Defensa que este martes aprobó el Consejo de Ministros y que, además, pretende aumentar las tropas y modernizar las infraestructuras del ejército.
Esto, a tenor de letrados y juristas, consultados por Libertad Digital, podría ser "un fraude de ley". Desde el Gobierno se defienden y aseguran que cumplirán esta norma cuando sea necesario y ponen el ejemplo de la autorización de "misiones fuera del territorio nacional". "Todo lo que tenga que pasar por el Congreso, pasará", afirman fuentes del Ejecutivo.
También del PP presionan para que se cumpla esta norma." Es inédito de la democracia española que el presidente del Gobierno presente un plan en contra de la decisión del Gobierno (en referencia a Sumar) y se carece de autorización parlamentaria pese a que eso supone incumplir el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional", denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EEUU. Una medida que calificó como "cacicada".
La decisión de Moncloa de rebañar 10.000 millones a base de otras partidas tampoco parece muy legal. Desde el Ejecutivo se escudan en el artículo 134 de la Constitución que afirma que, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del 1 de enero, "se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
Aunque los padres de la Constitución no contemplaban que el Gobierno no presentase las cuentas y se extendiese la prórroga durante dos años. De hecho, la Carta Magna sólo habla del ejercicio anterior pero, en la actualidad, las cuentas en vigor son las de 2023.
Los juristas consultados por este periódico alertan de que el Gobierno trata de hacer "magia" con el cambio de varias partidas destinadas hacia Defensa, pese a que se saltan varias leyes. "La ley de Estabilidad regula que los remanentes deben ser destinados a deuda", advierten al ver cómo el Ejecutivo ha conseguido 2.800 millones gracias "a la menor necesidad de fondo de liquidez autonómico por la salida de las CCAA a los mercados, las menores necesidades de amortización y el mejor comportamiento del déficit público". Todo este dinero lo destinan hacia el Plan en vez de a la deuda nacional.
En el desglose presupuestario, también se incluyen 1.744 millones que serán transferidos a defensa pese a que son "créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025". El Ejecutivo los envía hacia Defensa pero sin pasar por el Congreso. En el Gobierno sólo abren la puerta a que se vote un crédito en las Cortes si no hubiese Presupuesto en 2026 ya que, en ese caso, además de consolidarse la actual cifra para llegar al 2% del PIB habría que incluir más millones debido al crecimiento del PIB total de España.