"En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país", aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de abandonar el Congreso y recluirse en La Moncloa para mandar horas más tarde su famosa "carta en la ciudadanía". Era el 24 de abril de 2024 y, aunque posteriormente trascendió que la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, ya había sido informada de su imputación anteriormente; también era el día en el que la ciudadanía conocía su supuesta implicación en prácticas ilegales.
Estas palabras no han envejecido demasiado bien, ya que, en el último año, tanto Sánchez como los ministros del Ejecutivo han dedicado gran parte de sus esfuerzos a censurar la actuación de la Justicia, que se encuentra investigando no sólo a su esposa, sino también a su exministro de Fomento y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, entre otras personas cercanas a Sánchez, por presuntos casos relacionados con la corrupción de las instituciones.
Ya en esa carta a la ciudadanía aseguraba que la denuncia que se le hacía a Begoña Gómez sólo respondía a único motivo: ser su esposa. Además, apuntaba a una "campaña de acoso y derribo" orquestada por la oposición. Algo que apoyaron a sus ministros desde el primer momento, en palabras de su vicepresidenta María Jesús Montero: "Se la está atacando por una denuncia falsa que no tiene ningún tipo de fundamento y está fundamentada en recortes por esos medios que están dirigidos por la ultraderecha; se fabrican esas noticias para atacar a su mujer por el simple hecho de serlo".
Esta misma técnica bautizada como "carta a la ciudadanía" fue utilizada por Sánchez por segunda ocasión al conocerse la imputación de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a su esposa, el 4 de junio de 2024. En esta segunda misiva, el presidente del Gobierno criticó que la imputación de estos delitos se diera unos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar el 9 de junio del pasado año. Un argumento que criticaron las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que resaltaron que "la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas", resulta "muy poco edificante".
El ministro de Justicia ataca a la Justicia
Por su parte, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusó directamente a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "hacer política" cuando decidieron reunirse para debatir si estas acusaciones "afectaban al poder judicial". "No me ha sorprendido nada, porque es la mayoría conservadora del CGPJ intentando hacer política e intentando emitir hoy un comunicado a tres días de que haya unas elecciones en España", expresó en su momento el dirigente socialista.
En este contexto, al ser llamado a declarar como testigo en el caso de su esposa por el juez instructor que lo investiga, Juan Carlos Peinado; Sánchez —que había dicho en numerosas ocasiones que quería "colaborar con la Justicia"— se adhirió a su derecho a no declarar en una visita de Peinado a La Moncloa que calificó de "montaje".
Algo que ocurrió horas antes de que la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio que dirige Bolaños, se querellara contra el magistrado por prevaricación. Dicha denuncia fue rechazada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por unanimidad al considerar que esta tenía "carácter especulativo". "La Abogacía lo que hace es defender la institución de la Presidencia del Gobierno porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen recogidos en la ley desde 1886", aseguró entonces el secretario general del PSOE.
La "información privilegiada"
Meses más tarde, en diciembre del pasado año, Sánchez volvió a atacar directamente a la Justicia acusándola de filtrar "información privilegiada" sobre los casos que afectan a su entorno y a su Ejecutivo, ya que, a su juicio, el PP jugaba "con las cartas marcadas" y tenía "información privilegiada" sobre estos asuntos debido a su supuesta connivencia con los jueces. Una idea que ya había explicado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que había hablado de un supuesto "frente judicial" contra el Ejecutivo que asociaba a los magistrados y a la oposición.