El Tribunal de Cuentas ha impuesto una multa de 862.496,72 euros a Vox por cometer una infracción calificada como "muy grave" de la ley de financiación de partidos políticos. Según el organismo fiscalizador, la formación de Santiago Abascal vulneró de forma reiterada los requisitos legales al aceptar donaciones durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020, incumpliendo las normas que regulan la transparencia y legalidad en la financiación de los partidos.
La formación liderada por Santiago Abascal ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo ya que considera esta sanción "injusta" y contraria a la propia Ley de Financiación de Partidos Políticos. También insisten en que la resolución del Tribunal de Cuentas carece de "unanimidad", al haberse aprobado con el voto particular de dos consejeros.
El texto reza que se sanciona a Vox por el incumplimiento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, "consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo, según lo recogido en los informes de fiscalización de las cuentas anuales del partido referidas a los ejercicios 2018, 2019 y 2020".
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas pone en entredicho la legalidad de la financiación de Vox. En 2024, la formación fue sancionada con más de 244.000 euros por aceptar donaciones destinadas a financiar acciones judiciales. Ahora, frente a una nueva multa que casi cuadruplica aquella cantidad, Vox confía en que ambas sanciones sean anuladas, alegando que "carecen de base legal".
Más allá de las sanciones impuestas, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación a Vox por presunta financiación irregular. En el foco del Ministerio Público se encuentra la recaudación opaca de fondos en efectivo a través de "cajas de caudales" durante actos del partido, así como el préstamo de 9,2 millones de euros concedido por un banco húngaro, en posible vulneración de la prohibición de financiación extranjera a formaciones políticas. Sin embargo en Vox mantienen que tuvieron que acudir a un banco extranjero porque en España no le daban financiación para su campaña electoral de 2023.