La incapacidad de Pedro Sánchez de gobernar con sus socios y aprobar unos presupuestos para gestionar los servicios públicos le ha llevado a apoyarse en tácticas cada vez más populistas para mantenerse en el poder, algunas de las cuales recuerdan a regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela o a Cristina Fernández en Argentina. El presidente sigue sin asumir ninguna responsabilidad por el apagón, lo mismo que su ministro de Transportes, Óscar Puente, con el AVE. En medio del caos, se ha anunciado una consulta ciudadana sobre una operación bancaria de importantes consecuencias.
Una semana después de que España se quedara a oscuras durante más de diez horas, el Gobierno sigue señalando a problemas externos como posibles causas de lo ocurrido, alentando, incluso a día de hoy, la teoría del ciberataque, a pesar de que Red Eléctrica lo descartó en las primeras horas y de que Europa habría reaccionado si realmente así fuera. Incluso este martes se ha anunciado un plan contra los ciberataques para abonar más esta teoría.
Con esta estrategia, de paso, el Estado no sólo elude responsabilidades ante la opinión pública en su obsesión por imponer un relato, sino que busca esquivar posibles indemnizaciones por los daños ocasionados a las empresas o particulares que resultaron perjudicadas ante la caída del sistema eléctrico. Algunas ya han anunciado que acudirán a los tribunales.
Enemigos externos
Esta misma táctica es la que se ha empleado con la cancelación del AVE Sevilla-Madrid que mantuvo retenidos a los 10.000 viajeros durante más de 6 horas, algunos de ellos repitiendo experiencia tras haberse quedado atrapados en un tren por el apagón. Puente se apresuró a hablar de "sabotaje" para no asumir ninguna responsabilidad y, de nuevo, escurrir el bulto de cara a posibles futuras reclamaciones.
En el Gobierno mantienen abiertas todas las líneas de investigación pero algunas fuentes admiten que quizás se precipitaron al hablar de sabotaje, aunque defienden que fue lo primero que pensaron al ver las fotografías y cómo quitaron los sensores. "No había maldad", tercian estos altos cargos. Aunque la ministra portavoz, Pilar Alegría, no descarta "ninguna hipótesis" pese a que la Guardia Civil descarta el sabotaje.
"Quienes ejecutaron este daño, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar a los ciudadanos", aseguraba este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La pregunta es quiénes ejecutaron este daño y por qué lo habrían hecho y con qué intención. Esto es algo que el Gobierno no quiere responder.
En ambos casos, por tanto, son agentes externos los culpables de lo ocurrido. Incluso se han intentado sembrar dudas sobre las implicaciones de la oposición, estrategia que ya empleó en día el chavismo cuando Venezuela sufrió también un apagón fruto de la mala gestión que ya se había instalado en el país.
La oposición como chivo expiatorio
"Cuidado con los sabotajes de la oposición", alertó en 2010 el gobierno de Hugo Chávez, que pidió "activar la inteligencia civil, popular, policial y militar para agarrar a los responsables" de ese sabotaje. "Sabotajes al sector eléctrico de los que pretenden que Venezuela se suma en el caos", alertó el dictador en otra ocasión. También en Argentina, tras un apagón, Cristina Fernández de Kirchner optó por hablar de la responsabilidad de las "distribuidas privadas", tras unos apagones en verano de 2013 y ,cuando descarrilamientos y accidente de trenes, su jefe de Gabinete habló de "sabotaje político"
Todo esto recuerda a la respuesta española en medio de este caos. Ahora, Sánchez ha creado ahora varios comités integrados por distintos ministerios para que investiguen lo ocurrido y, ocultando que el 20% de Red Eléctrica es propiedad del Estado, el presidente del Gobierno ha tratado de extender las culpas a "operadores privados", a los que ha enviado agentes del CNI para recopilar datos. Una nebulosa de teorías, mientras no descarta nada, que tienen en común que existen "enemigos" cuyo aparente objetivo sería tumbar al Gobierno a base de cometer todo tipo de actos delictivos para desgastarle.
Lo cierto es que, tras el apagón, llegaron los problemas en el AVE de Andalucía pero ésta no es la primera vez que sucede. En el último año hemos asistido a decenas de problemas en los trenes de alta velocidad (descarrilamientos en túneles, retrasos en Chamartín, problemas con catenarias) y que ha hecho que Renfe cambie su política de compromiso de puntualidad pero, pese a todo, en el Gobierno restan importancia a este caos.
"Se traslada una ansiedad que no se corresponde con la realidad", afirman fuentes gubernamentales que prefieren poner el foco en el aumento de viajeros en el tren, de 11 a 20 millones, y que creen que ha hecho aumentar el número de incidentes.
Lawfare
Otro comodín clásico del populismo es recurrir a la teoría del lawfare. Sucedió en Venezuela, en Argentina y en el Ecuador de Rafael Correa. Cuando sus gobernantes ven cómo la justicia les investiga, no dudan en poner en cuestión a los magistrados. Este martes, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha cargado contra el juez Peinado tras ver cómo se impulsa a su exnúmero 2 y actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, por la contratación de la asesora de Begoña Gómez . "Esta instrucción es motivo de preocupación máxima para los que defendemos el buen nombre de los jueces de este país", aseguraba en los pasillos del Senado.
Una consulta no vinculante
En medio de todo esto, el presidente se descuelga con una propuesta nunca antes llevada a cabo que, además de facilitar que el Gobierno no tenga que tomar decisiones, le permite desviar el foco del caos vivido en el país los últimos días. Se trata de una de las medidas populistas por excelencia, la convocatoria de una consulta sobre asuntos que no les afectan menos que otras cuestiones y sobre las que tienen pocos conocimientos para simular mayor democracia.
Aunque en el Gobierno admiten que esta consulta será orientativa y no vinculante. En este proceso podrán participar ciudadanos, organizaciones y un total de 79 organizaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio. Todos tendrán que rellenar un formulario online que, desde este martes, ya está en la web del Ministerio de Economía.
En el Gobierno afirman que quieren contar con toda la información antes de decidir pero no hace falta ser adivino. Tanto Junts, como ERC, como Sumar o el PSC se oponen a la opa del BBVA sobre el Sabadell, así que lo que parece evidente es que el Gobierno se está armando de razones para rechazar esta opa y disfrazar su negativa con la opinión negativa de ciudadanos y asociaciones. Fuegos de artificio, en definitiva, ante la debilidad parlamentaria que arrastra desde el principio de la legislatura que le ha impedido tener siquiera los primeros presupuestos o poder presumir de aprobar leyes de calado.