El demoledor escrito de acusación del caso David Sánchez presentado por Manos Limpias y suscrito por Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos, Partido Popular y Vox, termina de completar el puzle de una ardua investigación que si algo deja claro es que el hermano del presidente del Gobierno fue enchufado en la Diputación de Badajoz a petición "de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo". Y, aunque las acusaciones no señalan explícitamente a Pedro Sánchez, su sombra sobrevuela cada uno de los 38 folios que componen el documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital.
Con todo, David Sánchez se enfrenta a los delitos de aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, por los que piden incluso una condena de tres años de prisión, dividida en dos penas de 1 año y 6 meses, lo que, en todo caso, impediría que entrara en la cárcel al no contar con antecedentes.
En el relato que sustenta los hechos, las acusaciones describen detalladamente tanto el "paripé" del que formó parte el músico, como las "burdas y prevaricadoras resoluciones" que obran en el marco del procedimiento de su contratación y la de su "íntimo amigo" Luis Carrero, el polémico asesor de Moncloa que le llamaba "querido hermanito".
El "paripé" de David Sánchez
Según defiende el escrito, "se fingió un proceso selectivo" y David Sánchez "se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé, pues el puesto era para él" y "el resto de candidatos no tenían posibilidad alguna". En el mencionado proceso, "se llegaron a fijar las bases después de recibidos los currículos de los candidatos, y los requisitos exigidos fueron de todo punto pensados para darle el puesto a don David", a quien se terminaría contratando "pese a la insuficiencia de su currículum, habida cuenta de que ni tan siquiera es profesor superior de música, titulación que tanto los entonces directores de conservatorios como los dos aspirantes a los que se interrogó en fase de instrucción, señalaron como imprescindible para un puesto como ese".
"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno", subrayan las acusaciones, que denuncian que "no estaba autorizado a teletrabajar ni se le instaló programa alguno en soporte digital alguno para tal fin".
Además, prosigue el escrito, "el Sr. Sánchez se ha dedicado, organizando su propio tiempo de escaso trabajo, a actividades diferentes a aquellas para las que se le ha pagado un sueldo público, cuyo fin principal ha sido el de ir creándose un currículum en el mundo de la música". De esta forma, las acusaciones sostienen que "habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener, beneficios propios", empezando por conseguir "que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, hasta tal punto que, al amparo de un cambio de nomenclatura, se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo (jefe de Artes Escénicas), sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera".
La contratación de su "amigo íntimo"
Sin embargo, su influencia fue más allá. "No contento con todo ello, don David quiso que un amigo íntimo suyo de hace al menos veinte años, y colaborador habitual en sus proyectos musicales personales, se incorporase a la Diputación de Badajoz. Dicho amigo es don Luis Carrero", apuntan las acusaciones. "Dada la íntima relación entre ambos, la creación del Puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas tuvo como origen la voluntad de David Sánchez, quien aprovechó su influencia en la Diputación y su relación con Manuel Candalija, director del Área de Cultura, y Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, con tal finalidad".
Especialmente llamativa fue la confesión de este último ante la juez Biedma: "Ricardo Cabezas declaró en sede judicial que fue el actual presidente del Gobierno del Reino de España, Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien le manifestó que su hermano David era músico, en una conversación informal tras un mitin en Badajoz, y que conocía a Luis María Carrero al menos desde la primavera de 2023, cuando se lo presentó David Sánchez".
Las acusaciones populares insisten así en que "se creó un puesto ad hoc para un amigo íntimo de don David Sánchez, que ya antes de la creación del mismo colaboraba en sus proyectos operísticos y en la búsqueda de subvenciones y ayudas para los mismos, y todo ello se hizo de forma burda, pues el mencionado puesto fue objeto de petición de cobertura (16-10-2023) antes de que la RPT en la que se contenía fuera objeto de publicación su Aprobación Definitiva (14-11-2023) , y cubierto mediante comisión de servicios, siendo tal fórmula la más rápida para la incorporación del Sr. Carrero".
Además, subrayan que "pese a tener la comisión de servicios como característica principal su naturaleza provisional, actualmente no consta que se haya convocado el concurso de méritos previsto como forma de provisión de dicho puesto en su ficha descriptiva".
Pena de prisión, inhabilitación y multas
Con todo, las acusaciones concluyen que "todos los anteriores procesos son claramente prevaricadores ab initio, siendo nulos de pleno derecho", ya que se apoyan en "las más burdas y prevaricadoras resoluciones", dictadas "de forma injusta y arbitraria a sabiendas de su ilegalidad con el fin de facilitar el acceso a un puesto de trabajo en una Entidad Pública sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".
De los 11 procesados, las penas más altas se reservan para el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y para el propio David Sánchez. En el caso del "hermanísimo", como se referían a él en los conservatorios, las acusaciones populares piden para él una condena de tres años de prisión, dividida en dos penas de 1 año y 6 meses cada una por los delitos de aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, tanto por lo que respecta a su propio enchufe, como por el del polémico asesor de Moncloa, del que consideran que él mismo habría sido artífice.
Además, se solicita una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 12 años, una multa fija de 32.400 euros (180 € al día durante seis meses) y dos variables: una equivalente al doble del salario público cobrado por él mismo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y otra equivalente al doble del sueldo de su "íntimo amigo" Luis Carrero. A todo ello se suma también la petición de que devuelva todo el dinero cobrado desde que fue enchufado en la Diputación de Badajos, "más los intereses legales correspondientes".
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