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Gallardo supera el primer escollo para convertirse en aforado y dinamitar el juicio por el caso David Sánchez

Imputado por el enchufe del hermanísimo en la Diputación de Badajoz, el socialista trata de evitar que sea la Audiencia Provincial la que le juzgue.

Imputado por el enchufe del hermanísimo en la Diputación de Badajoz, el socialista trata de evitar que sea la Audiencia Provincial la que le juzgue.
Miguel Ángel Gallardo, tras declarar por el caso David Sánchez | Europa Press

El presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, ve cada vez más cerca su entrada en la Asamblea de Extremadura y, por tanto, la posibilidad de convertirse en aforado y esquivar la esperada apertura de juicio oral por el caso David Sánchez en la Audiencia Provincial. La razón es que, en ese caso, ya solo podría ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia y no por un tribunal inferior que ya ha mostrado su apoyo a la juez Beatriz Biedma en numerosas ocasiones.

Tal y como él mismo reconoció la semana pasada, para lograrlo, necesitaba la dimisión de un diputado autonómico y la renuncia de cuatro sustitutos. Ambos pasos ya se ha producido este martes: la diputada socialista María de la Cruz Rodríguez Vegazo ha presentado a primera hora su renuncia al acta parlamentaria, activando así automáticamente el proceso para cubrir su vacante.

Además, a lo largo de esta tarde, según ha confirmado el PSOE extremeño, los cuatro siguientes en la lista (Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández) han renunciado al cargo. Para ello, han formalizado por escrito y ante notario su rechazo a la opción de acceder al Parlamento regional, por lo que ahora solo queda que Gallardo tome posesión de su acta, algo que todo parece apuntar que sucederá en las próximas horas, ya que si algo ha dejado claro estos días el líder del partido en Extremadura es que su objetivo es participar en el pleno del próximo 29 de mayo y empezar así a confrontar directamente con la presidenta regional, la popular María Guardiola.

Donde dije digo, digo Diego

La maniobra ha desatado un auténtico revuelo por cuanto, a todas luces, se considera una estrategia para tratar de beneficiarse del la especial protección que la Justicia otorga a los diputados y otros cargos políticos, pero, además, porque él mismo aseguró que no se incorporaría a la Asamblea hasta que el caso David Sánchez terminara su periplo judicial.

"Tengo derecho a cambiar de opinión", asegura ahora el imputado, que, en los últimos días, ha tratado de desviar la atención, insistiendo en que las críticas forman parte de una campaña de la "ultraderecha" para evitar que esté en la Asamblea y que pueda plantar cara a la presidenta autonómica.+

Una diputada aupada por él mismo

María de la Cruz Rodríguez Vegazo, la diputada que ha dimitido, lleva años trabajando codo con codo con Gallardo. De hecho, es una persona de su máxima confianza. Ambos trabajaron juntos en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, municipio del que fue alcalde hasta el año pasado. Cuando aterrizó en la Diputación de Badajoz, en 2015, no dudó en nombrarla jefa de Gabinete, con un salario superior a los 45.000 euros anuales.

En las últimas elecciones, el hoy imputado la incoporó como número 8 en las listas del PSOE por Badajoz a la Asamblea de Extremadura, obteniendo un escaño que ahora abandona para dejar paso al que fuera su jefe, quien, necesita, además, cuatro renuncias, porque, en aquellos comicios, el fue en el puesto 23.

Por qué está imputado Gallardo

El escrito de acusación presentado la semana pasada por Manos Limpias y suscrito por Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos, Vox y PP concluye que fue él, junto con la diputada y la directora de Cultura, quienes "decidieron la creación del puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que acabó denominándose ‘Coordinador de las Actividades de los Conservatorios’ con el claro objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad".

De esta forma, las acusaciones populares consideran que Miguel Ángel Gallardo habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal, y piden para él tres años de prisión. Sin embargo, al dividir la condena en dos penas de año y medio cada una, el secretario general de los socialistas extremeños no entraría en la cárcel, por lo que lo que más le preocupa en estos momentos es la petición de hasta 27 años de "inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo", lo que le dejaría totalmente fuera de juego y provocaría una nueva crisis en un partido que desde la marcha de Guillermo Fernández Vara no parece encontrar un liderazgo sólido.

Su papel en el enchufe

Alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años, Miguel Ángel Gallardo aterrizó en la Diputación de Badajoz en 2015. Tal y como han desvelado los informes de la UCO, a pesar de que, durante la elaboración de los presupuestos del año 2017, el propio Gallardo consideró "excesiva" la propuesta de gasto para cubrir las necesidades de personal, tres días más tarde, se ordenó la creación de "un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de música" que hasta entonces ni siquiera se había contemplado. Aquello supuso "un aumento de 123.000 euros" en la partida de gasto.

Finalmente, el 10 de julio de 2017 —mes y medio después de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE—, la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, suscribía con David Sánchez el contrato por el que se convertiría en coordinador de Actividades de los Conservatorios, cargo que, a partir de 2022, se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después de que la Diputación camuflara el cambio de puesto en una mera "modificación" del nombre para no sacarlo a concurso, permitiéndole dedicarse únicamente a las funciones que más le interesaban.

"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno", concluyen las acusaciones populares.

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