El escándalo que rodea al exministro socialista José Luis Ábalos sigue creciendo. Este viernes, Virginia Barbancho Domínguez, exresponsable técnica del proyecto de Tragsatec en el que trabajaba Jésica Rodríguez —expareja del exministro—, declaró desde el Senado que detectó "irregularidades" en las labores de Rodríguez y que, lejos de corregirse, recibió instrucciones directas para mirar hacia otro lado.
Las órdenes, según Barbancho, llegaron desde Adif, el cliente público del proyecto. "Me pidieron hacer la vista gorda", aseguró. Una afirmación que vuelve a colocar bajo sospecha el funcionamiento de organismos públicos bajo gobiernos socialistas y plantea serias dudas sobre el uso de influencias políticas para proteger a personas cercanas al poder.
La implicación de la expareja de Ábalos en posibles prácticas irregulares y la supuesta connivencia de Adif, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, abren la puerta a nuevas responsabilidades políticas. Este caso se suma a la ya larga lista de episodios que vinculan al PSOE con el uso partidista de las instituciones.
Mientras tanto, el Partido Socialista guarda silencio ante las graves acusaciones que apuntan no solo a la corrupción personal, sino a una estructura institucional que habría sido utilizada para beneficiar a los afines.