Tras forzar una dimisión y cuatro renuncias a recoger el acta, a las 13:17 del día 21 de mayo, Miguel Ángel Gallardo consiguió su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Lo hacía tras meses rechazando los rumores que le ubicaban allí para evitar ser juzgado por un tribunal ordinario por tráfico de influencias y prevaricación tras el contrato del hermano del presidente del Gobierno.
Sólo 20 horas después de este movimiento, llegaba el auto de la magistrada Beatriz Biedma mandándole a juicio junto a David Sánchez. La cuestión ahora es si el presidente de la Diputación de Badajoz y ahora líder de los socialistas extremeños está aforado y si su caso debería ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aquí hay un debate jurídico ya que, para algunos como el ministro de Justicia Félix Bolaños, Gallardo "tiene el acta desde el miércoles", mientras que otros recuerdan la jurisprudencia comunitaria que afirma que sólo se es diputado de plena condición cuando se jura la Constitución.
La cuestión que muchos se preguntan es cómo Gallardo forzó tanto la maquinaria en unas horas cruciales, casi como si anticipase el desenlace que iba a producirse. El movimiento del líder de los socialistas extremeños, del que siempre había renegado, se producía solo unas horas antes del polémico auto y el mismo día que se conocía que el secretario de organización, Santos Cerdán, había registrado, por primera vez en esta legislatura, preguntas sobre infraestructuras navarras.
Se trata de varias iniciativas firmadas de forma conjunta con la diputada del PSOE en Navarra, Adriana Maldonado, y en la que se dirigen al Gobierno sobre "inversiones, proyectos de trazado y constructivos, y licitaciones en el Corredor Navarro de Media Distancia durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024" y, la más llamativa, sobre el "importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024".
Sólo unas horas antes, en una comparecencia ante los medios, el propio Santos se defendía de una noticia de El Confidencial que aseguraba que en un inminente informe de la UCO hay una conversación de él con Koldo preguntando por unas obras de Acciona.
Tras varios días de silencio, en Ferraz querían salir a dar explicaciones porque "están hartos de filtraciones" sobre un informe de la UCO que todavía no se ha entregado al juez. Cerdán lo hacía en una declaración sin preguntas en la que se aseguraba que "como diputado", él había preguntado en varias ocasiones por obras públicas pero, como se pudo comprobar más tarde, no había registrado preguntas hasta el 9 de mayo. "¿Ahora es delito registrar preguntas?" ironizan en Ferraz.
La cuestión no es tanto el qué sino el cuándo. El día 8 de mayo, sólo unas horas antes, tras la convalidación del Real Decreto de aranceles, Pedro Sánchez se quedó en el Congreso durante varias horas. En una sala de la primera planta celebró una reunión, que algunos testigos describen como una comida informal. Allí participaron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el secretario de organización, Santos Cerdán. También llega a pasarse la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Lo que parecía una celebración acabó con rostros similares a un velatorio. Tras varias horas reunido, el número 3 del PSOE salió con la cara demudada y sin querer hablar con los periodistas Lo que allí se trató es un misterio pero, 24 horas después, Santos Cerdán estaba registrando por primera vez en lo que va de legislatura una pregunta que le podría servir de coartada si en el informe de la UCO existen mensajes con Koldo García o con empresarios sobre infraestructuras.
Sin sanciones
A la vez que se sucede todo este calvario judicial, en Ferraz guardan silencio. Gallardo nunca fue del agrado de Sánchez pese a que llegó a ganarle en dos ocasiones a la candidata más afín a Ferraz. Tampoco ahorró en críticas al Gobierno como sucedió con la ley de amnistía o con el cupo catalán que el PSC firmó con ERC pero, pese a todo, no parece que vaya a haber sanciones, al menos de manera inmediata.
En la dirección federal se espera a que la Audiencia de Badajoz resuelva el escrito de la fiscalía. Una vez que suceda, fuentes próximas a la dirección aseguran, que "se verá qué medidas toma el propio Gallardo sobre su situación". Aunque hay un cambio en los Estatutos del PSOE que le podría beneficiar.
Se trata de la disposición adicional sexta de los estatutos, que señala que el Comité Federal de Ética y Garantías conjugará los valores éticos del partido entre la militancia y los cargos con "la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas". Si alega que se trata de una persecución política, podría evitar sanciones ya que, hasta ahora, se suspendía de militancia cuando se abría juicio oral. Esto le sucedió a José Luis Ábalos pero, de momento, sigue sin tomarse una decisión definitiva porque "quiere hacerse con todas las garantías".