Los de Santiago Abascal dan un nuevo paso en su estrategia de cercar al PSOE por la vía judicial, para denunciar los casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. El último detonante ha sido la publicación de unos audios por El Confidencial, en los que la militante socialista Leire Díez conspira para apartar a un alto mando de la UCO a cambio de cobertura por parte de la Abogacía del Estado.
Vox ha presentado una querella contra Leire Díez Castro a quien acusan por incurrir en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por haber maniobrado para obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y figura clave en varias investigaciones sensibles para Pedro Sánchez como el caso Koldo, la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez y el fiscal general del Estado.
La querella no se dirige únicamente contra la ex teniente de alcalde socialista Leire Díez. Vox también incluye al empresario Javier Pérez Dolset, ya procesado por fraude en subvenciones; al abogado Jacobo Teijelo; y al empresario Alejandro Hamlyn, implicado en una trama de hidrocarburos y acusado de haber defraudado 145 millones de euros a Hacienda.
Fuentes de Vox consideran que este episodio marca "un antes y un después" para un PSOE que, según denuncian, intenta levantar "un cortafuegos" ante cualquier causa que pueda salpicarle. Denuncian que el partido socialista ha tejido una red de poder para blindarse ante cualquier investigación en su contra.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán ha acusado a los socialistas de ser una verdadera "mafia" que se vale de "sicarios mediáticos para neutralizar a los que hablen de su corrupción". Para la portavoz de Vox, la operación dirigida a desacreditar a la UCO deja al descubierto lo que define como "el modus operandi del PSOE: extorsión, mercadeo, crimen y la compra de su impunidad de la forma más burda y obscena que podríamos imaginar".
Vox solicita que se tome declaración a los querellados, se ofrezca personación a Antonio Balas como perjudicado y se admita a VOX como acusación popular en la causa.