Este domingo 1 de junio se cumplen 7 años desde la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy; una moción de censura liderada por un Pedro Sánchez que se presentó como adalid de la lucha contra la corrupción y que ha acabado por convertirse en el paradigma de aquello que decía venir a combatir.
Rodeado por los escándalos que salpican a su mujer, a su hermano, al que fuera su mano derecha en el Gobierno y en el PSOE, y a su fiscal general de Estado, el discurso de Pedro Sánchez de aquel 31 de mayo de 2018 se convierte hoy en una enmienda a la totalidad de su mandato. No hay reproche al entonces presidente que resista el paso del tiempo y no provoque sonrojo en boca de quien ha colonizado todas las instituciones y ahora busca garantizar la impunidad de los suyos, orquestando ataques contra la UCO, jueces, abogados y periodistas incómodos, tal y como han venido a corroborar los audios destapados esta misma semana.
¿Acabar con la corrupción?
Ya de inicio, siete años después, llama la atención que Pedro Sánchez iniciase su discurso invocando "la letra, el valor y la vigencia del espíritu de nuestra Constitución", cuando, amén de la corrupción misma, si por algo se ha caracterizado su mandato es por el pisoteo continuo de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, es al entrar de lleno en los motivos que, a su juicio, justificaban la moción de censura cuando se empieza a apreciar un argumentario que sería perfectamente aplicable a la situación en la que se encuentra actualmente su Gobierno. "Esta moción de censura es consecuencia de hechos gravísimos —insisto, hechos gravísimos— que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación. Imágenes de descrédito político e institucional que exigen una respuesta contundente", decía entonces un Pedro Sánchez que apelaba a unas responsabilidades políticas que "serían automáticas en cualquier democracia homologable a la nuestra".
El líder del PSOE advertía de que "la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado". Hoy, sin embargo, los múltiples casos que le acorralan a él se presentan como una suerte de "cacería" injusta basada en "bulos" y "fango". "La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas", continuaba aquel que hoy dinamita todas sus bases a golpe de decretos y operaciones encubiertas.
¿Quién se aferra ahora al cargo?
Al revisar su carta de presentación, llama igualmente la atención su insistencia a la hora de reprochar a Rajoy "su obstinación de aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste". Precisamente lo que, siete años después, se le achaca a él, cabeza de una familia, líder de un partido y presidente de un Gobierno en el que nadie se libra de la sombra de la corrupción.
"Persiste la imagen de un presidente que opta por la peor de las respuestas, que es atrincherarse en el cargo, aupado por el peso de una Cámara fragmentada, con grupos parlamentarios cuyos intereses son difíciles y complejos de casar, eso es evidente, y que el propio Gobierno de España ha tratado de ensanchar, precisamente para perpetuarse en el poder". Palabras de 2018 igualmente vigentes en 2025.
Ministros y exministros en el foco
Sánchez le reprochaba a Rajoy que 12 exministros de la época de Aznar estuvieran bajo la sombra de la sospecha, pero, a partir de aquel 1 de junio, él mismo se convirtió en el "número 1" de un Gobierno en el que al menos 15 de sus propios ministros o exministros están salpicados por alguno de los múltiples casos de corrupción que la Justicia investiga en estos momentos: José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, Teresa Ribera, Reyes Maroto, Óscar López, Pilar Alegría, Óscar Puente, Luis Planas, Elma Sainz, Sara Aagesen, Arancha González Laya...
"¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer, como ha dicho antes el diputado Ábalos (curiosas, por cierto, las constantes menciones en su discurso al hoy imputado del que se pretende desligar), por innumerables piezas de corrupción que supuestamente afectan al partido que usted lidera?", se preguntaba Sánchez en 2018, subrayando que el país estaba "hastiado del serial de corrupción".
Hoy, es el serial del PSOE el que parece no tener fin y, aunque en 2018 se quejaba de la devaluación que suponía tener que ver a un presidente "comparecer como testigo en la Audiencia Nacional", él mismo ha sido llamado a declarar por el juez Peinado y no se descarta que vuelva a tener que hacerlo.
¿En defensa del Estado de Derecho?
Capítulo aparte merece la defensa que Sánchez, apoyándose en su escudero hoy imputado, hacía hace siete años de los mismos jueces, policías y guardias civiles a los que hoy ataca públicamente, mientras, en privado, manda a sus fontaneros a acabar literalmente con ellos.
"A mí me gustaría hacer, como ha hecho el diputado Ábalos, una mención especial a uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Ese eslabón lo conforman un pequeño grupo o un pequeño gran ejército de hombres y mujeres honestos, que no se dejan intimidar por las presiones y que consagran su labor al servicio público desde la judicatura, desde el ministerio fiscal, o desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Son los servidores públicos, que luchan pequeñas batallas cotidianas contra quienes se valen de artimañas procesales, contra quienes manipulan instituciones para allanar el camino a la impunidad", decía entonces.
Siete años después, esos "hombres y mujeres honestos" siguen haciendo exactamente lo mismo, pero a Sánchez ya no parecen interesarle quienes "levantan el último dique de contención al servicio de la democracia, la fortaleza y la limpieza de las instituciones". Tampoco parecen gustarle los fiscales que trabajan "de forma concienzuda y metódica, ajena a las presiones sutiles o expresas que llegan desde otras instancias", ni los jueces que resisten "contra las maniobras dilatorias" de quienes quieren echar por tierra su trabajo.
"No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción. Porque se normaliza la corrupción, fingiendo que aquí no ha pasado nada, que hay que mirar hacia otro lado. Porque supone proclamar a los cuatro vientos que la política puede tolerar tácitamente la corrupción. Que siempre ha estado ahí, y que siempre estará. Y que España y los españoles tienen que acostumbrarse a esa enfermedad crónica que usted pretende curar mirando hacia otro lado", proseguía aquel que hoy hace exactamente eso: atrincherarse sin dar explicaciones, normalizando que todos los días aflore un nuevo escándalo que apunte hacia él.
Decretazos, muros y RTVE
Pero, aunque es leer o escuchar sus palabras sobre corrupción lo que más bochorno genera visto con perspectiva, no es lo único. Aquel que denunciaba a un Gobierno que, desde su punto de vista, había "dado absolutamente la espalda a esta Cámara" —en referencia al Congreso de los Diputados— es el mismo que hoy gobierna a base de decretazos que hurtan el debate a la sede de la soberanía nacional; aquel que prometía dialogar "con todas y cada una de las fuerzas parlamentarias y con todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos", es el mismo que, siete años después, levanta muros frente a la oposición y los ejecutivos regionales en los que el PSOE no gobierna; y aquel que se marcaba como objetivo "restablecer los puentes con todas y cada una de las Comunidades Autónomas" se ha encargado de dinamitarlos literalmente con Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos.
Igualmente llamativo resulta volver a sus palabras sobre la "inestabilidad" que supone "vivir en la esperanza de la prórroga presupuestaria" cuando es el presidente que ha pulverizado el récord de tiempo sin presupuestos: hoy, 1.238 días; o apostar por "garantizar la independencia de la Corporación de RTVE", cuando si algo ha hecho él es asaltar su Consejo de Administración y convertir la televisión pública en esa ‘Telepedro’ que tanto ansiaba, pero ahora pagada con el dinero de todos los españoles.
"La manipulación, señor Rajoy, también es corrupción. Y en un medio público representa una amenaza que nuestra democracia no puede tolerar", advertía en su discurso de la moción de censura. Siete años después, el problema ya ni siquiera es que el sesgo ideológico reine en los informativos. El problema, denunciado por los propios trabajadores, es que esa manipulación se ha trasladado a programas como el de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora —contra los que ya se ha abierto incluso una investigación interna— y que el Gobierno utiliza el presupuesto de TVE pagado con los impuestos de todos los españoles para contratar a un presentador estrella, como David Broncano, con el que intentar neutralizar al de otra televisión privada, Pablo Motos, que no comulga con sus políticas.
Su discurso de la moción de censura se convierte así en una enmienda a la totalidad de su mandato; un mandato escaso de políticas de calado, plagado de leyes populistas y rociado de corrupción.