Un nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la renta garantizada de ciudadanía, las prestaciones a personas con dependencia, las prestaciones a personas jóvenes extuteladas, la prestación para atender necesidades básicas y las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez señala graves irregularidades por parte de la Generalidad catalana. En concreto se habrían pagado indebidamente 167,5 millones de euros de manera "irregular" a personas que percibían otras ayudas o a las que directamente no les correspondía porque tenían ingresos por trabajo superiores a los requeridos para acceder a prestaciones públicas.
Esos pagos indebidos corresponden a los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2024, cuando la Generalidad estaba en manos de los partidos separatistas Junts y ERC. Según la auditoría de la Sindicatura de Cuenta, 70,6 millones de euros en prestaciones de dependencia, 43,78 millones en pensiones no contributivas, 36,15 millones en renta garantizada de ciudadanía y 14 millones en complementos de pensiones no contributivas han ido a parar durante estos años a personas a las que no correspondía percibir esas ayudas.
En el informe se indica que "los tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general en todos los casos limitan la efectividad de la intervención". También alude a que "la falta de un seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56 M€ en el período 2016-2024, según datos del Departamento de Derechos Sociales–, para una parte de los cuales ha prescrito la posibilidad de tramitar su reintegro".
La Sindicatura de Cuentas considera además que "hay hechos que podrían ser perseguibles administrativa y judicialmente" y vuelve a señalar a las fundaciones vinculadas a militantes de ERC y que operan como centros de atención a los menores a cargo de la administración pública.
"Durante la fiscalización la Sindicatura ha observado que había riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia, lo que puede comprometer la consecución del interés general en la implementación de la política pública", señala la Sindicatura.
El descontrol en la consejería de Derechos Sociales es de tal calibre que se manejan ocho aplicaciones informáticas distintas para gestionar las ayudas y en algunos casos están externalizadas, lo que dificulta aún más el control de los fondos públicos. No son infrecuentes los casos de personas que reciben dos ayudas incompatibles o el de quienes tienen un contrato laboral a tiempo completo incompatible con la renta garantizada.
Aún así, el informe reseña que "la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente para proteger frente a la pobreza, y presenta ciertas limitaciones a la hora de corregir tendencias crecientes en costes o diferencias territoriales". Líneas después se insiste en que "los recursos presupuestarios destinados a la concesión de prestaciones sociales de carácter económico son marcadamente insuficientes para combatir el problema. El volumen de recursos necesarios para dar respuesta a la pobreza severa se estima en cerca del doble del volumen asignado".
A pesar de la acumulación de indicios de graves irregularidades económicas y de funcionamiento, la consejera de Derechos Sociales, la socialista Mònica Martínez Bravo, ha asegurado en el parlamento catalán que los pagos indebidos no son en ningún caso fruto de la malversación sino de las deficiencias del sistema. "Será difícil reducir los pagos indebidos hasta que no tengamos una buena infraestructura digital y jurídica", señaló la consejera durante su comparecencia parlamentaria.
El caso de la menor prostituida
En ese escenario, Martínez Bravo habló del caso de la menor a cargo de la Generalidad violada y prostituida por una red de pederastas y afirmó que hubo un retraso de casi un año en la activación de los protocolos de actuación.
Así y en contra de la versión oficial de que fueron los educadores dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) quienes advirtieron de la situación, falló la coordinación y no se actuó de manera urgente.